En el gobierno de Felipe Calderón el crimen organizado amenazó a los presidentes municipales, los secuestró y mató. Otros más pudieron huir y muy pocos recibieron la protección federal. El Estado los abandonó.

 

En 16 estados del país, la mitad del territorio, ocurrieron estos embates, que no fueron casuales ni circunstanciales, sino como parte de una estrategia que le permitió a esos grupos del narcotráfico controlar regiones estratégicas para el trasiego o almacenamiento de drogas, o la administración de otro tipo de delitos como la extorsión, el secuestro, el tráfico de personas, armas o de combustibles, y hasta obligarlos a asignarles contratos de obra pública municipales.

 

La contabilidad acumulada en estos seis años del gobierno de Calderón incluye 53 presidentes municipales muertos, 21 de ellos poco después de haber dejado su cargo; además de cuatro desaparecidos, otros cuatro huyeron de su entidad ante los ataques y tres han reconocido estar bajo amenaza actualmente.

 

Aunque este tipo de ataques ocurrieron en 64 municipios y en el país hay dos mil 400, no todos los ayuntamientos tienen la misma importancia para el crimen organizado.

 

La geografía de los ataques muestra a los territorios que son considerados estratégicos, ya sea porque en ellos se siembra droga, son mercado de consumo o porque son corredores indispensables para llevar los narcóticos a Estados Unidos, y por ello están en disputa y en ellos ocurrieron los crímenes de los ediles: Durango, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Michoacán, Zacatecas, Guerrero, Veracruz, Estado de México, Sonora, Hidalgo, Jalisco, Tabasco, Morelos y Oaxaca.

 

En los últimos seis años, en México cada cinco semanas fue asesinado, en promedio, un presidente municipal o ex alcalde, no existe un conteo oficial por parte del Estado; mucho menos se habla sobre los motivos que provocaron estos crímenes y las investigaciones todavía no concluyen, por lo que se ignora si en algunos casos pudo ser la corrupción o razones políticas, las causas de su muerte.

 

Estas cifras surgen a partir de un seguimiento elaborado por 24 HORAS a partir de 2006. Es así que los estados de Durango y Michoacán fueron los más peligrosos para los alcaldes, pues en el caso del primero de los 32 alcaldes en funciones asesinados, cinco de ellos, casi el 20 por ciento gobernaban en esa entidad.

 

Esos cinco crímenes, por ejemplo, sucedieron en la zona norte, noroeste y suroeste de esa entidad, es decir en las rutas donde se trafica hacia el Pacífico y que corre hasta a El Paso, Texas. Mientras que la zona de sureste va hacia Nayarit, pero en su paso cruza Zacatecas y Jalisco, donde también fueron asesinados otros presidentes.

 

La experiencia internacional muestra una reacción distinta al abandono que han sufrido en México estos funcionarios. Por ejemplo, cuando en Colombia el Estado decidió enfrentar a los cárteles de Cali y de Medellín, se reseña en las memorias, una de las primeras acciones fue proporcionar seguridad a los 400 alcaldes que estaban amenazados, porque debían poder gobernar y así impedir que esos grupos criminales sustituyeran el poder legal.

 

 

Plagian a su hijo para hacerlo renunciar

 

Al perredista José Carmen Torres lo amenazaron a 20 días de haber resultado ganador en la elección de julio de 2007 del municipio de San Bernardo, Durango. Dos años y medio después, las presiones para que pagara derecho de piso fueron insostenibles, le secuestraron a su hijo y, así, lo obligaron a pedir licencia definitiva. Salió del país y se refugió en Estados Unidos.

 

Pero allí no acabó. El alcalde que le siguió en el cargo, Jaime Lozoya Ávila, fue asesinado en noviembre de 2010, sobre la carretera Durango-Parral, a menos de dos meses de haber asumido el cargo.

 

Y en plena campaña federal y local, el 2 de noviembre del año pasado, el alcalde de La Piedad, Michoacán, Ricardo Guzmán Romero, fue acribillado en un crucero de esa demarcación, en uno de los cinco estados más violentos.

 

Los ataques a los ediles han sido más violentos cada vez, como ocurrió con la alcaldesa de Tlacojalpan, Veracruz, la panista Marisol Mora Cuevas, quien fue plagiada el pasado 24 de junio y su cuerpo apareció con huellas de tortura en Oaxaca, en el municipio de Loma Bonita. La edil gobernaba un municipio en disputa entre diferentes grupos del narco, por ser una ruta de paso que comunica con el Istmo de Tehuantepec, zona de llegada de droga.

 

Al presidente municipal de Zaragoza, Coahuila, Saúl Vara Rivera, quien había sido dos veces edil en esa demarcación, cuando encontraron su cuerpo, presentaba signos de mutilación en dedos y en un brazo, su cadáver lo abandonaron en otro municipio, el de Galeana, Nuevo León, el 7 de enero de este año.

 

En los homicidios contra los alcaldes el patrón ha sido casi el mismo, les han disparado con armas de alto poder y sólo en un caso fue lapidado. En más del 50 por ciento de los casos, los ediles han sido primero plagiados  y entre 24 y 48 horas después sus cadáveres han aparecido tirados en zonas urbanas o a la orilla de carreteras. Amén de que a 10 de ellos, los atacaron cuando iban en tránsito a bordo de sus vehículos.

 

Las historias se parecen, en la mayoría de los casos la seguridad que pudieron utilizar fue insuficiente y prácticamente ninguno contaba con agentes federales o de las Fuerzas Armadas para su protección, a pesar de haber sido amenazados o atacados antes.

 

Abraham Ortiz Rosales era alcalde de Temoac, Morelos, ya lo había atacado un grupo armado el 10 de junio de 2010, sobrevivió y desde entonces usaba chaleco blindado. También había cambiado su esquema de seguridad al modificar sus rutas y ya casi no se aparecía en actos públicos. Pero eso no fue suficiente. El 10 de enero de este año, cuando circulaba por la  autopista Siglo XXI, a la altura del crucero Huazulco, le dispararon a la cabeza, fue un comando entrenado en una operación quirúrgica. Su hijo de 9 años de edad también perdió la vida, a causa de la volcadura de la camioneta en la que viajaban.

 

A Fortino Cortés, quien era presidente municipal de Florencia de Benito Juárez, Zacatecas, sus asesinos dejaron su cuerpo hasta Jalisco, en el municipio de Huejucar. Tenía las manos atadas con cinta canela y los ojos vendados. Pusieron junto a su cadáver un mensaje, en el que se decía que apoyaba a narcotraficantes. El crimen no se ha resuelto, sólo existe un antecedente, su hermano había sido acribillado el 20 de mayo de 2011.