A partir de ese día San Gertrudis se quedó vacía. Era 12 de diciembre de 2009, llegó un comando, obligó a los habitantes a reunirse en la plaza y, jugando al tiro al blanco, les dispararon a varios de ellos. Entonces los encapuchados soltaron un ultimátum: 72 horas para irse del pueblo.

 

Santa Gertrudis es una comunidad pequeña, alcanza los 100 habitantes, se ubica al sur de Durango, dentro del municipio de San Dimas, que es vecino de Sinaloa y donde la agricultura, la minería y ganadería son los principales recursos.

 

Allí, al alba, a punta de culatazos y de gritos, que pensaron provenían de los guachos, como denominan en la zona a los soldados, debieron despertarse.

 

Pronto se dieron cuenta que era un grupo de embozados, que portaban fusiles AK-47 y con ellos obligaron a todos los hombres a salir de sus casas.

 

Cuando los juntaron a todos, les pidieron sus credenciales del IFE y tras identificarlos, apartaron una docena y de ellos eligieron a seis, a quienes los llevaron a la plaza principal.

 

Frente a todos los pobladores, que ya estaban por el lugar, les dieron a los seis hombres unos segundos para correr. En cuanto iniciaron la carrera, los sicarios apretaron el gatillo contra ellos. Las balas expansivas calibre 7.62 destrozaron casi por completo las cabezas y la espalda de esos hombres.

 

Tras aplicarles la ley fuga, vino la amenaza para las 24 familias: debían dejar sus casas, tres días tendrían para ello. Los que se quedaran se morían.

 

Los pobladores cargaron como pudieron a sus muertos y algunas de sus pertenencias. Abandonaron todo lo demás. Bajaron de Santa Gertrudis y se instalaron, casi sin apoyo, en comunidades más grandes, como San Miguel de Cruces y otros llegaron a Sinaloa o hasta Chihuahua, buscando a familiares y conocidos.

 

Estas 100 personas, entre hombres, mujeres y menores, no fueron los únicos desplazados por el crimen organizado en el estado ni en el país. Al menos otras veinte comunidades serranas, de los municipios de Pueblo Nuevo y El Mezquital, también abandonaron sus casas y tierras.

 

Territorio sometido

 

Santa Gertrudis quedó convertida en territorio libre para las organizaciones criminales, sin autoridad, y que ahora utilizan para esconder a personas secuestradas y como centro de operaciones para el tráfico de drogas.

 

Pero el desplazamiento obligado de estos campesinos en Durango no es un hecho aislado, ha ocurrido en por lo menos en otros 12 estados del país y la movilización obligada a otras ciudades de México o el extranjero, no ha sido exclusiva del campo la han sufrido también empresarios, empleados públicos y profesionistas.

 

Así, otras poblaciones ubicadas en por lo menos los estados de Durango, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Michoacán y Guerrero también han sido despojados de su tierra y bienes.

 

La toma del control de estos lugares, por parte de estos grupos, son acciones bien planeadas, con el fin de utilizarlos, con toda libertad, para tener pistas clandestinas, sembradíos de mariguana y amapola, laboratorios de fabricación de cristal, para bodegas en las que almacenan drogas y armas, o esconder a secuestrados, construir campos de entrenamientos o fosas clandestinas, o incluso se han apropiado de ranchos para su descanso.

 

Ante este control de territorio, que se extendió con mayor velocidad entre 2008 y 2009, el Estado no diseñó estrategias para recuperarlos, tampoco se ocupó de reintegrar a la población a sus lugares de origen.

 

El gobierno federal ni siquiera ha reconocido el problema de los desplazados de forma pública. Un informe interno que publicó 24 HORAS hace dos semanas, sostiene que se calculan en un millón 200 mil las personas desplazadas en el país.

 

En tanto, otro informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, (ACNUR), de abril pasado, sostiene que las peleas por el control de rutas entre los cárteles narcotraficantes en México son la principal causa del desplazamiento interno de unas 160 mil personas.

 

Para tener una idea de la gravedad del problema, ACNUR sostiene que en el primer cuatrimestre de 2012 se calculaba que unas 24 mil 500 personas, sólo en Cuidad Juárez, Chihuahua, habían abandonado sus hogares.