Un juez del Distrito Federal giró órdenes de aprehensión en contra de cuatro funcionarios de módulos delegacionales de la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi), acusados de haber registrado irregularmente 16 camionetas a nombre de la empresa Televisa, seis de las cuales s fueron aseguradas en Nicaragua.
Los funcionarios buscados, cuya calidad ahora es la de “prófugos de la justicia” mientras no sean localizados, son probables responsables del delito de ejercicio ilegal del servicio público, ilícito sancionado con una pena de uno a ocho años de prisión, y el cual permite alcanzar la libertad bajo fianza.
De hecho, el titular de la PGJDF, Jesús Rodríguez Almeida, confirmó ayer que la orden de aprehensión fue girada por un juzgado de delitos no graves del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, aunque no quiso precisar en cual quedó radicado en expediente ministerial.
“Aun no detenemos a estas personas, denos tiempo para que los podamos ubicar y presentar ante el juzgado; el área de mandamientos judiciales ya está haciendo su labor”, apuntó el procurador.
Hasta el cierre de esta edición, autoridades de la PGJDF indicaron que las personas en contra de las que se giró la orden de aprehensión no estaban localizables.
De acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría capitalina, los operadores adscritos a los módulos en las delegaciones de Iztacalco, Tlalpan, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza, permitieron que personas que simularon ser gestores de la televisora, registraran camionetas a nombre de la empresa con copias de documentos que se encontraban en un archivo de la Setravi.
En caso de ser detenidos, los funcionarios capitalinos buscados podrán solicitar el beneficio de la libertad bajo fianza, lo que les permitirá enfrentar el eventual proceso en libertad.
Esta investigación, se desarrolla de forma paralela a la que tiene abierta la Procuraduría General de la República (PGR) por la detención de los mexicanos en Nicaragua, con las camionetas registradas a nombre de Televisa.
TSJDF rechazar dar detalles
En el Tribunal Superior de Justicia rehusaron aportar mayores datos sobre las órdenes de aprehensión giradas por un juez en contra de los responsables de los módulos de la Setravi, acusados de incurrir en delitos tipificados como menores.
El argumento para no proporcionar la información fue que en el caso de órdenes de este tipo, se mantiene la secrecía a fin de evitar que los presuntos responsables puedan fugarse, al saber que van a ser capturados.