Durante seis años el gobierno Felipe Calderón presumió la captura de capos y los “golpes” a los cárteles. Pero ni las estadísiticas de personas detenidas y setenciadas, ni de los decomisos y el consumo de drogas, ni mucho menos la expansividad territorial que han tenido estas organizaciones sustenta los festinados anuncios presidenciales.

 

Las propias cifras oficiales son reveladoras: en 2001 se cometieron 74 mil 113 delitos federales en el país, para 2007 la estadística cerró con casi el doble, un total de 137 mil 289 ilícitos. Para el 2011 el número se mantuvo con más de 133 mil delitos.

 

¿Pero frente a estos delitos qué hizo la Procuraduría General de la República (PGR) en estos 12 años de gobiernos panistas? Inició un millón 299 mil 999 averiguaciones previas y consignó a 444 mil 98 personas, de las cuales sólo 244 mil fueron en el gobierno de Calderón.

 

Pero los números no cuadran, a pesar de cometerse más delitos y de detenerse a tantas personas, actualmente hay menos reos sentenciados por delitos federales, en comparación con los que había al final del sexenio de Ernesto Zedillo.

 

Una primera respuesta, es que durante los 12 años de gobiernos panistas, la PGR consignó a un juez, en promedio, a una persona por cada tres averiguaciones previas, mientras que en el sexenio de Zedillo se consignó a una persona por cada dos expedientes iniciados.

 

Más delitos

 

No sólo faltan presos en las cárceles, también ocurrió otro fenómeno, los delitos vinculados con las drogas se incrementaron, pero en rubros socialmente muy peligroso: consumo en un 20 por ciento; comercio en 12 por ciento y posesión en casi 10 por ciento.

 

Es decir, en estos últimos 12 años creció el mercado interno de venta y consumo de drogas, y fue el que más detenidos generó, no los llamados “golpes” al narcotráfico, porque en promedio, cuatro de cada diez averiguaciones iniciadas fueron por delitos relacionados con posesión o distribución de drogas.

 

No sólo eso es grave, también lo es que el resto de los delitos también crecieron, aquéllos que están directa o indirectamente vinculados con el narcotráfico como: homicidios, secuestros, extorsiones, robo de autos y gasolina, piratería, contrabando, tráfico de armas y de personas, entre otros.

 

El motivo, porque particularmente el gobierno de Felipe Calderón se enfocó a los delitos contra la salud, empleando para su combate la fuerza letal del estado, pero sin evaluación previa, sin información de inteligencia, sin ponderar la parte preventiva de salud y educación, y sin atender el resto de los ilícitos.

 

Las propias cifras lo demuestran, en los últimos 12 años la tasa de crecimiento de los delitos del fueron federal fue del 6 por ciento, lo que generó un crecimiento natural de los delitos del fuero común, a una tasa superior al 1.5 por ciento.

 

Es por ello que la guerra contra el narcotráfico lanzada por Calderón arroja más impunidad que efectividad: pocos culpables sentenciados, un estimado de 80 mil muertos, más de cinco mil desaparecidos y 1.2 millones de peronas desplazadas.

 

Fracasa PGR

 

En el gobierno de Felipe Calderón transitaron tres titluares de la PGR. La última, Marisela Morales, anunció la depuración de la dependencia, la cual “tenía que ser rescatada”, a pesar de que ella había sido funcionaria de primer nivel de esa misma institución desde hacía más de ocho años.

 

Y no sólo eso, desde 2002 se hicieron otras dos depuraciones con los procuradores, el general Rafael Macedo de la Concha, y luego con Eduardo Medina Mora.

 

Y así la procuradora corrió o renunciaron alrededor de mil 800 funcionarios, la mayoría en puestos directivos y de nivel de subprocuraduría. Pero ni con eso la PGR logró ser más efectiva.

 

Tampoco la institución obtuvo mayores éxitos con el apoyo de las agencias de Estados Unidos, de la DEA y del FBI, a quienes, como nunca antes, participaron directamente en operativos, interrogatorios y le fueron entregados testigos protegidos para llevárselos a su país.

 

En el ámbito interno las consignaciones se cayeron, no soportaron amparos ni apelaciones, lo que fue más vistoso en casos en los que primero presumió el gobierno y después tuvo que guardar silencio tras perderlos.

 

Así ocurrió con el caso del llamado michoacanazo, que en 2009 trajo consigo la detención de 11 presidentes municipales y 16 funcionaros del Michoacán. La PGR consignó a la mayoría por delincuencia organizada, pero en los meses siguientes los jueces los dejaron en libertad por falta de elementos.

 

Algo parecido sucedió con el ex alcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, el cual fue liberado luego de que el juez consideró que el Ministerio público no acreditó la posesión de armas de fuego que supuestamente el Ejército encontró en su domicilio. Meses antes, la PGR tampoco pudo retener al ex alcalde de Cancún Greg Sánchez, acusado de delitos vinculados al crimen organizado.

 

La PGR ni siquiera fue capaz de cumplir los ocho principales indicadores establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo Por ejemplo, se planteó que por cada cien averiguaciones previas consignadas debía obtener como mínimo 25 sentencias condenatorias, pero el promedio apenas llegó a 11.9 condenas.

 

La meta que se planteó sobre el porcentaje de expedientes despachados, ya sea consignados a un juez, acumulados, en reserva o archivados debía ser del 87.5 por ciento, pero sólo logró un el porcentaje de apenas el 51.1 por ciento.

 

Otro indicador planteado fue sobre el porcentaje de órdenes de aprehensión o comparecencias negadas por los jueces que no debía sobrepasar el 10 por ciento, y, sin embargo, en el 2012 se ubicó en el 35.4 por ciento.

 

Impunidad a la alza

 

De cada 100 delitos denunciados ante el ministerio público:

 

Sólo 20% se investigan

El 9% llegan ante un juez

El 1% se castiga.

La mayoría de los delitos que se castigan son menores

 

Pendientes, casos de alto impacto

 

En los dos ultimos meses en la PGR se trató de resolver los expedientes que, por quienes aparecen como acusados, eran catalogados como sensibles, debían decidir si se consignaban ante un juez con las pruebas suficientes o con poco sustento para que después se cayeran, si se archivaban o quedaban pendientes.

 

La decisión que en la mayoría de los casos se adoptó fue dejarlos en integración, así el próximo gobierno de Enrique Peña Nieto recibirá una Procuraduría con varios “frentes de batalla” abiertos en el ámbito político, económico y social, porque en esos expedientes aparecen como acusados ex presidentes, ex gobernadores, ex secretarios de estado, funcionarios en activo, líderes sindicales, empresas y empresarios.

 

Otro frente sensible está en los juzgados y tribunales, en donde la PGR debe demostrar la culpabilidad de militares, policías, funcionarios públicos de primer nivel e integrantes del crimen organizado.

 

Aquí una lista de los casos más relevantes que la PGR deberá atender:

 

Averiguaciones Previas

 

– Dos averiguaciones previas contra el ex presidente Vicente Fox

– Hay 9 iniciadas por varios delitos contra el todavía secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por delitos cometidos por servidores públicas

– Una averigación previa contra el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, funcionarios de su gobierno y empresarios, por protección al Cártel del Golfo

– Averiguación previa contra el ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández, por dar rotección al Cártel del Golfo

– Expediente contra Elba Esther Gordillo por fraude.

– En integración otro expediente por la balacera del pasado 25 de junio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde agentes federales mataron a dos de sus compañeros,

– En integración otra parte del expediente de los policías federales involucrados en el ataque a tres agentes de la CIA y un capitán de la Marina el 29 de agosto en la zona de Tres Marías.

– Averiguación previa por la captura de 18 mexicanos en Nicaragua, que viajaban en seis camionetas registradas a nombre de Televisa, y en las cuales se transportaban 9.2 millones de dólares, al parecer vinculados al narcotráfico.