A dos días de terminar su mandato, el presidente Felipe Calderón presentó una iniciativa para concluir la privatización de los ejidos en un plazo de un año un mes.
Esta reforma es la continuación de la que se llevó a cabo en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Se espera que dé celeridad a la titulación de las tierras a favor de los ejidatarios, ya que elimina el derecho transitorio de usufructo y el trámite de la asamblea para adoptar colectivamente el régimen de propiedad privada o dominio pleno.
Además con esta reforma se mantiene el derecho de los ejidatarios a decidir de manera libre sobre los derechos de su parcela para la sucesión y en caso de que no haya cumplido con las formalidades para ello se utilizará el mismo orden de preferencia que con cualquier propiedad.
Se propone modificar la Ley Agraria, ya que los cambios que se dieron en el 92 debido a los candados del usufructo y la asamblea dieron como resultado un estancamiento, la baja del crédito rural y la falta de capitalización de ejidos y comunidades.
La iniciativa que plantea modificar 24 artículos de la Ley Agraria y derogar otros cinco otorga a los ejidatarios el derecho de propiedad sobre sus parcelas, cuando actualmente sólo tiene el derecho de uso y disfrute sobre éstas.
Además permite que la Asamblea defina sobre el cambio de destino de uso común de las tierras, ya sea a parcelas o a asentamientos humanos. Facilita el quórum de las asambleas al pasar de las tres cuartas partes en primera convocatoria y la mitad más uno en segunda, y lo deja en la mitad más uno en primera y cualquier número en segunda.
De acuerdo a los transitorios de la iniciativa el Registro Agrario Nacional contará con un plazo de un año para expedir los títulos de propiedad a favor de los ejidatarios que ya hicieron constar el dominio pleno de sus parcelas.
Para lo cual serán inscritos en el Registro Público de la Propiedad todos los ejidos que estaban el Registro Nacional Agrario.
Y en caso de que la asamblea ejidal no haya otorgado el dominio de las parcelas a los ejidatarios tendrá un año para hacerlo y sino se reúnen para otorgarlas en propiedad se da un plazo de 30 días para que sea expedida la constancia de no reunión de la asamblea y el ejidatario pueda solicitar al Tribunal Unitario Agrario el título de propiedad correspondiente a su parcela.
La iniciativa fue turnada a comisiones en la sesión de ayer en la cámara de Senadores.