Buenos Aires.- Un tribunal oral de Argentina dio inicio al que es considerado, por la cantidad de acusados, como el mayor juicio realizado hasta ahora por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura (1976-1983), entre ellos, por primera vez, los escalofriantes “vuelos de la muerte”.
Sesenta y ocho personas, catorce ya con condenas en anteriores, son sometidas a juicio por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 de Buenos Aires por 789 hechos de secuestros, torturas y homicidios cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó la mayor cárcel clandestina del régimen de facto.
Jorge Eduardo Acosta, excapitán de fragata y exjefe de Inteligencia y del Grupo de Tareas de la ESMA; el excapitán de corbeta Ricardo Miguel Cavallo, extraditado desde España en 2008, y el excapitán de la Armada y agente de inteligencia Alfredo Astiz, conocido como el “Ángel Rubio” o el “Ángel de la muerte”, son algunos de los acusados.
El ex marino ya fue condenado en octubre de 2011 a cadena perpetua por la desaparición de dos monjas francesas, del escritor argentino Rodolfo Walsh y de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, entre otras 89 víctimas.
Cavallo radicó en México desde 1989 y logró que su empresa, Talsud, se adjudicara el Registro Nacional de Vehículos (Renave). A raíz de su éxito empresarial la presa develó su pasado en la dictadura militar argentina bajo el nombre de Miguel Ángel o Marcelo, el 24 de agosto de 2000.
Éste es el tercer juicio oral de la llamada “megacausa” que comprende crímenes cometidos en este centro de la Armada, donde se calcula que estuvieron detenidas ilegalmente cerca de 5000 personas.
El proceso iniciado hoy unifica varias investigaciones judiciales por delitos cometidos en la órbita de la ESMA, entre ellas la causa por los denominados “vuelos de la muerte”, que por primera vez son eje de un debate judicial oral.
Jorge Eduardo Acosta, excapitán de fragata y exjefe de Inteligencia y del Grupo de Tareas de la ESMA; el excapitán de corbeta Ricardo Miguel Cavallo, extraditado desde España en 2008, y el excapitán de la Armada y agente de inteligencia Alfredo Astiz, conocido como el “Ángel Rubio” o el “Ángel de la muerte”, son algunos de los acusados.
Se prevé que unos 900 testigos declaren en el juicio, que puede prolongarse hasta dos años por la cantidad de casos en proceso, entre ellos las desapariciones de la joven sueca Dagmar Hagelin y de la dirigente de la guerrilla Montoneros Norma Arrostito.
En la jornada inicial del juicio, organizaciones de familiares de los desaparecidos, Madres de Plaza de Mayo e Hijos, junto a agrupaciones estudiantiles y a favor de los Derechos Humanos, se congregaron frente a la entrada de los Tribunales de Buenos Aires.
Carlos Pisoni, de la organización Hijos, subrayó la importancia de que se finalmente se juzgue a tripulantes de los llamados “vuelos de la muerte”.
“A nosotros nos resulta fundamental que estén porque queremos saber dónde están nuestros desaparecidos. No sabemos dónde fueron arrojados, no sabemos dónde están sus cuerpos, tenemos presunciones pero queremos saber por parte de ellos y que nos digan la verdad”, explicó a Efe Pisoni, hijo de desaparecidos en la dictadura.
La segunda fase de esta “megacausa”, que se compone de nueve procesos judiciales por crímenes cometidos en la cárcel clandestina de la ESMA, concluyó en octubre de 2011 con 16 condenados tras escuchar a unos 180 testigos. EFE
Víctimas de tortura reclaman en México la reparación del daño
Víctimas de tortura reclamaron hoy en la capital mexicana que el Estado responda por los abusos de sus fuerzas de seguridad y que se atiendan los “graves daños físicos y psicológicos” con los que conviven ellos y sus familias.
“Después de la tortura quedan seres deshumanizados (…). El propósito último es reducir a la persona a un objeto”, afirmó Javier Cruz Angulo, del Centro de Investigación y Docencia Económica durante el “Primer foro de la tortura y sus consecuencias”, celebrado en el Cámara de Diputados de México.
Defendió que la tortura es una consecuencia de la “falta de respeto a la presunción de inocencia que impera” en el país y es el resultado de un derecho que genera una “lógica perversa” por la cual “se hacen y deshacen sentencias” y se “fabrican culpables”.
Jorge Alberto Ferreira, de 29 años, torturado durante 18 horas para arrancarle una confesión falsa, aseguró durante su ponencia que además de erradicar esta práctica del sistema judicial mexicano, hacen falta mecanismos de ayuda para las víctimas y sus familias, quienes también sufren el trauma posterior.
“Después de dos años en prisión injustamente, tras haber sufrido tratos crueles y torturas, no hay una cura real, aprendemos a vivir con ello”, expresó, tras añadir que además de las secuelas físicas, vive sin apenas poder dormir, con pesadillas y depresión.
Denunció que son muchos los eslabones de la sociedad que se vuelven cómplices por acción u omisión de esta situación, pues además de los agentes que practican la tortura, se ven involucrados médicos, personal del ministerio público y jueces.