JERUSALÉN. El Gobierno israelí anunció ayer la confiscación de impuestos recaudados a los palestinos en represalia al reconocimiento por la ONU de Palestina como estado observador, tras la aprobación el viernes de 3 mil viviendas en colonias judías.

 

En total, Israel retendrá a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) 460 millones de shékels (120,5 millones dólares o 92,8 millones de euros) y transferirá la partida a pagar parte de la deuda que el Gobierno palestino tiene con la empresa de electricidad israelí.

 

“No pienso transferir el dinero este mes, lo utilizaré para pagar las deudas que la ANP ha contraído con la empresa de electricidad (de Israel)”, anunció el ministro israelí de Finanzas, Yuval Steinitz, en la reunión semanal del Consejo de Ministros.

 

En virtud de los Acuerdos de París de 1995, protocolo económico de los Acuerdos de Oslo, de 1993, la Hacienda israelí recauda todos los meses las tasas y aranceles aduaneros de los productos que entran al territorio palestino bajo su control, así como de operarios palestinos que trabajan en Israel.

 

Se trata de una suma que representa más de la mitad del exiguo presupuesto con que cuenta el Gobierno del primer ministro palestino, Salam Fayad, que en el último año atraviesa una severa crisis de liquidez.

 

Israel ha resuelto que la recaudación del mes de noviembre, que debe ser transferida al Ejecutivo palestino alrededor del día 5, sea empleada para pagar la deuda de unos 700 millones de shékels (184 millones de dólares o 141 millones de euros) que la ANP ha acumulado en los últimos años con la compañía eléctrica de Israel.

 

Se trata de una medida unilateral en línea con las amenazas que habían vertido funcionarios israelíes si seguía adelante la campaña palestina en busca de reconocimiento internacional en la ONU, que Israel considera que vulnera los Acuerdos de Oslo.

 

Fuentes diplomáticas israelíes explicaron que el Ministerio de Finanzas no cobraba la cuenta de la luz en un “gesto de buena voluntad” hacia la ANP, pero que después de la votación en la ONU, no existe razón para no hacerlo.

 

La semana pasada la Empresa israelí de Electricidad solicitó un préstamo especial a la banca para tapar un agujero de más de mil millones de shékels (unos 262 millones de dólares o 201 millones de euros) originado en parte por la deuda palestina. La recaudación de un sólo mes no es suficiente para cubrirla.

 

Israel ha congelado en el pasado las transferencias de los fondos palestinos en respuesta a disensiones políticas, lo que le ha valido duras críticas por parte de la comunidad internacional.

 

La sanción económica se suma al anuncio el viernes por Israel de que construirá 3 mil nuevas viviendas en asentamientos de Jerusalén Este y Cisjordania, en una área conocida como E1 que bloquea la continuidad territorial del futuro estado de Palestina, medida que ha sido censurada por los palestinos y especialmente por Washington.

 

Además, el gabinete del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó oficialmente el contenido, las consecuencias y las interpretaciones que se desprendan del texto de la resolución 67/191 de la Asamblea General, aprobada el jueves.

 

Netanyahu comparó la situación que afronta Israel en la actualidad con los ataques que en el pasado recibió el Estado judío en el seno de la ONU, cuando una resolución de la Asamblea General en 1975 equiparó el sionismo con el racismo.EFE