SAN ANDRÉS. La modificación de los límites marítimos entre Nicaragua y Colombia por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no solo ha afectado a estos países, también ha cambiado las reglas del juego a toda la industria pesquera del Caribe occidental y a las naciones vecinas.

 

Así lo explicó, el hondureño Santo Donaldo López, capitán de un pesquero industrial que extrae langosta de los alrededores del archipiélago colombiano de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, epicentro del litigio.

 

“Hay caos por todas partes”, opinó López, cuyo barco está atracado en la isla de San Andrés a la espera de que su “patrón” decida si ante los temores de los trabajadores isleños de ser interceptados por buques nicaragüenses será mejor volver a Honduras y abandonar el negocio del crustáceo en Colombia.

 

La CIJ tomó el pasado 19 de noviembre una decisión salomónica en el litigio marítimo colombo-nicaragüense, por la que confirmó la soberanía de Colombia sobre las islas y siete cayos y otorgó a Nicaragua un espacio de entre 70 mil y 90 mil kilómetros cuadrados de aguas que rodean el archipiélago de San Andrés.

 

Esta nueva situación afecta a los trece barcos hondureños que como el de López faenan desde hace décadas en el mar de San Andrés contratados por colombianos.

 

El capitán advirtió de que “en este problema están involucrados Honduras, Jamaica, Panamá, Costa Rica y todos los del Caribe del oeste”, pues de alguna manera también cambian sus respectivas fronteras con Colombia y Nicaragua y se ven afectados los tratados de pesca bilaterales.

 

Ahora que Nicaragua, considerado uno de los países más pobres de América Latina, ganó en el litigio con Colombia un vasto territorio rico en langostas, el capitán no descartó que pueda intentar anexionarse otros perímetros de Jamaica, “como también hizo con Honduras” en otro contencioso limítrofe dirimido por la CIJ en 2007.

 

El fallo sobre Colombia y Nicaragua crea además otro escenario de incertidumbre: el de los barcos de bandera extranjera autorizados desde Managua para faenar en sus aguas y que no saben cuándo podrán hacerlo en el área que todavía tiene soberanía colombiana de facto.

 

Por el momento, la postura del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, es que no acatará el fallo hasta que estén garantizados los derechos de los ciudadanos de su país, y por lo tanto mantiene la vigilancia sobre la franja adjudicada a Nicaragua.

 

El sábado los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Nicaragua, Daniel Ortega, se reunieron en México para buscar una salida negociada a este conflicto fronterizo que se ha agravado aún más tras la sentencia del Tribunal de la ONU, con sede en La Haya.

 

Los acuerdos que busca Santos con Ortega, dado que la sentencia es inapelable, son, entre otros, garantizar que los barcos pesqueros de su país puedan faenar en las aguas donde lo han hecho durante décadas.EFE

 

Cae popularidad de Santos

 

BOGOTA. La popularidad del presidente Juan Manuel Santos sufrió su baja más estrepitosa en lo que va de su gobierno luego de un fallo desfavorable de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que despojó al país de una porción del mar Caribe que hasta ahora le pertenecía.

 

La imagen favorable del mandatario colombiano se desplomó a 45% en noviembre, 15 puntos porcentuales menos que dos meses atrás cuando anunció los acercamientos de su gobierno con las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para entablar un diálogo que pusiera fin a casi medio siglo de conflicto y cuyos lentos avances parecen restarle también algo de respaldo a su gestión.

 

De acuerdo con un sondeo publicado el domingo por la revista Semana, 91% de los colombianos entrevistados consideran injusta la decisión que adoptó el tribunal de La Haya el 19 de noviembre.

 

En un fallo inapelable, la Corte de La Haya ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como sobre sus siete cayos deshabitados que eran reclamados por Nicaragua en un pleito que inició el gobierno de Managua ante ese tribunal internacional en 2001, pero cedió a Nicaragua miles de kilómetros del mar Caribe.

 

Tras este fallo, 85% de los encuestados piensa que el gobierno de Santos debería desacatarlo así ello implique una guerra con Nicaragua.

 

La encuesta, realizada por la firma Ipsos Napoleón Franco entre el 23 y el 25 de noviembre, consultó la opinión de mil seis personas en los 13 municipios de mayor densidad poblacional del país.

 

El sondeo tiene un error muestral de 3,1% y un grado de confiabilidad de 95%.

 

En la jornada, uno de los abogados del nuevo equipo colombiano informó que estudian como recursos posibles, para contrarrestar los efectos de la sentencia de la Corte de La Haya, la formulación de una demanda de interpretación al texto, una demanda de revisión e, incluso, una negociación bilateral con Nicaragua sobre asuntos como los derechos de pesca de los lugareños.AP