Tras los disturbios ocurridos el 1 de diciembre en la Ciudad de México, durante y después de la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto, los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados rechazaron los actos de violencia y demandaron una investigación a fondo, además de exigir la aplicación de la ley a quienes la provocaron.
Luego de discutir este punto en la agenda legislativa, los legisladores solicitaron que los detenidos sean procesados de acuerdo a derecho, se libere a posibles inocentes y no se restrinja el derecho a la manifestación.
Por Nueva Alianza, la diputada Sonia Rincón Chanona, rechazó la violencia en cualquiera de sus manifestaciones y calificó de grave que se confirmara la existencia de grupos contratados para generar violencia, por lo que exhortó a las autoridades actuar de manera imparcial y objetiva, “en aras de resolver este asunto de manera mediática se debe evitar fabricar delitos o culpables o estigmatizar a personas o grupos”.
Mientras que por Movimiento Ciudadano, la diputada Luisa María Alcalde, reprochó la actitud de violencia con la que se trató a los jóvenes “que se manifestaban pacíficamente y que fueron infiltrados por grupos violentos”; anotó que no es de sorprenderse que se continúa utilizando la fórmula para dividir al país a través de infiltrados; “surgieron personas, no sé si pagados o no a jugar el juego de la violencia”.
Al condenar los hechos, el diputado del PAN, Juan Jesús Aquino, dijo que es obligación del gobierno federal respetar y garantizar los derechos consagrados en la Constitución, a fin de consolidar la democracia mexicana; y señaló que su partido “aquilata” la participación de los demócratas que han hecho transitar al país de un Estado autoritario a uno democrático.
A su vez, el diputado del Verde Ecologista, Antonio Cuéllar Steffan, anotó que es importante que las investigaciones correspondientes se lleven a cabo para sancionar a los responsables, “si es que” los jóvenes fueron manipulados por algún grupo ajeno a la protesta.
Durante su exposición, el legislador perredista Roberto López, deslindó a su partido de estar involucrado en las manifestaciones violentas; y apuntó que le extraña y preocupa la forma en cómo se quieren criminalizar las manifestaciones, con la detención de jóvenes, en especial de 11 mujeres que fueron consignadas a pesar de no haber participado en actos violentos.
El diputado Arnoldo Ochoa González del PRI, solicitó privilegiar la política a través del diálogo, los acuerdos y consensos; además de que las autoridades deben garantizar el derecho a la manifestación y la impartición de justicia, sobre todo cuando la ley se trasgrede, “las bombas molotov no aportan a la democracia”.
Manuel Huerta Ladrón de Guevara del PT, acusó a las autoridades de utilizar una estrategia política para crear un ambiente que justifique el uso de la fuerza pública ante cualquier manifestación social de inconformidad; “nos solidarizamos con las demandas de los jóvenes del país; queremos justicia”.