El sábado quedó en evidencia el fracaso y la crisis en la que se encuentran los servicios de inteligencia, ya que el resultado de las manifestaciones violentas no se debe a que no hubieran previsto los eventos, sino a una falla en la política para desarticular los grupos subversivos que existen en México.
En el verano de 2007, el EPR realizó actos de sabotaje a las instalaciones de PEMEX por la desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, los cuales a la fecha no se sabe cuál fue su paradero, así como tampoco se sabe y, mucho menos, se castigó a los autores de los ataques contra la paraestatal. Esta cadena de impunidad se debió a la incapacidad del gobierno de Felipe Calderón a resolver un crimen y de su decisión de entrar en negociaciones con el EPR, en donde dejó impune los ataques a la paraestatal que tuvieron un costo mayor a los mil millones de dólares.
Pero lo más grave es que no se le dio la atención y se subestimo la capacidad de organización de las fuerzas que proclaman la destitución del Estado Mexicano. Los adelantos tecnológicos, así como nuevas formas de organización han facilitado crear eventos de alto impacto y violencia con un menor costo. Hoy los grupos subversivos no usan rutas clandestinas sino blogs, cuentas de correo electrónico, como buzones, y múltiples celulares robados para poder comunicarse. Esto les da una flexibilidad para concretar acciones y multiplicar su presencia.
En la parte financiera, los secuestros, la venta de droga y el robo siguen siendo las fuentes de financiamiento más frecuentes de estos grupos. Sin que estas acciones hayan sido afectadas por la administración de Felipe Calderón, es más, se registró un aumento en el secuestro. La facilidad de obtener armamento también aumentó en estos seis años, ya que sólo se registro un caso donde se desarticuló una organización dedicada a la venta de armas. El robo de explosivos en empresas dedicadas a la minería también se ha incrementado en por lo menos 30% con respecto al año pasado. A su vez, los mercados ilegales en Oaxaca y Puebla, donde las mineras clandestinas compran TOLVEX, siguen operando con toda impunidad.
En la toma de casetas y atentados contra cajeros automáticos, vemos cada vez más la participación de menores de edad, que al ser detenidos dan nombres falsos o se identifican con credenciales falsas de sistemas escolares identificados con movimientos subversivos. Esto ha dificultado las labores de investigación, pero lo más grave son los pocos recursos destinados al tema.
Dentro de la plantilla del CISEN, el 30% del personal se dedica a las actividades administrativas, el personal de campo es escaso y el cubrir tareas como labores de contrainteligencia y subversión no son la prioridad. En la administración pasada se aumentaron los representantes en el exterior, creció un área de encuestas, aumentaron áreas de análisis que pretendían proyectar variables económicas y se destinaron recursos para perseguir a los adversarios.
En noviembre del año pasado, el Congreso de los EU publicó el reporte A LINE IN THE SAND: COUNTERING CRIME, VIOLENCE AND TERROR AT THE SOUTHWEST BORDER, donde detalla los incidentes y riesgos sistemáticos entre México y los EU en la frontera. En la página 9, menciona el caso de Ayman Junior Joumaa, un operador de Hezbollah que vendió más de 85 toneladas de cocaína a Los Zetas. A su vez, el reporte resalta las debilidades del gobierno mexicano para poder crear lazos operativos e intercambiar información, así como la falta de agentes de inteligencia en México que dominen otros idiomas es un tema muy serio.
Las amenazas transnacionales cada vez más figuran en la agenda del país y la porosidad de nuestras fronteras y aduanas, combinada con la buena plataforma logística de exportación, convierten a México en un blanco y país vulnerable. El próximo director del CISEN tendrá que contar con una visión global y privilegiar experiencia en investigaciones, así como pelear la autonomía de su trabajo para no caer en la inercia de los directores pasados que están más interesados en investigar a políticos que a los delincuentes. Sin duda este nombramiento será una decisión importante para el Presidente Peña Nieto, el Secretario Osorio Chong y el resto del gabinete de seguridad nacional.