El ex director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Jesús Villalobos, investigado por un presunto fraude a esa institución, será inhabilitado por 10 años debido a un quebranto causado a Pronósticos Deportivos por un viaje que hizo al Super Bowl en el que gastó 161 mil pesos y los cargó a las cuentas de la empresa pública.
La Secretaría de La Función Pública abrió el expediente DG/DGAR/311/76/2012 para investigar la queja del viaje de Villalobos; el funcionario público gastó 10 mil 149 dólares para asistir al campeonato de la NFL, junto con 20 personas más, 16 de ellas clientes que ganaron un concurso de Protouch y cuatro funcionarios más, usando pases VIP que permiten acceso al campo y comida bufet en una suite dentro del estadio Lucasoil, de Indianápolis.
Villalobos dijo que la promoción serviría para reactivar las ventas de la empresa y así obtener mayores recursos para la asistencia pública.
Esa investigación es independiente de la que abrió la SFP por un presunto quebranto por 299 millones de pesos causado al ISSSTE; a Villalobos se le responsabilizó de no supervisar, cuando era director de Finanzas, que se cumpliera un contrato por 299 millones de pesos para la realización de un inventario en 2010.
Villalobos estaba obligado a cerciorarse de que el inventario se hiciera pero la empresa Ingeniería Costos y Servicios cobró la cantidad y no realizó el trabajo.
Una denuncia alertó al Órgano Interno de Control del ISSSTE y tras hacer una auditoría se determinó que se había cometido un fraude contra la institución.
En septiembre pasado, 24 HORAS informó de la investigación iniciada contra el todavía director de Pronósticos, quien ayer estuvo en las oficinas de la dependencia pero no ofreció información sobre los procesos a los que está sujeto.
Fuentes de la SFP señalaron que la investigación por el quebranto al ISSSTE es independiente de la que se le aplicará por el viaje al Súper Tazón y sigue abierta. La sanción que la autoridad pretende imponerle también es de inhabilitación por 10 años y la restitución del monto quebrantado a la institución, 299 millones de pesos.
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