En la presentación del Pacto por México, el secretario de Gobernación hizo una referencia a los poderes de hecho que retrasan los avances y reformas que el país requiere. “La creciente influencia de poderes fácticos frecuentemente, reta la vida institucional del país y se constituye en un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del Estado mexicano”, dijo.
Un día más tarde, al salir de la primera reunión de trabajo entre los secretarios de Estado y el presidente Enrique Peña, el propio Osorio Chong evitó referirse a quiénes son esos grupos, sin embargo, los propios enunciados del documento son suficientemente claros para proponer a quién van dirigidos.
El encargado de la política interna señaló que en este momento la tarea del Estado y sus instituciones debe ser someter “con los instrumentos de la ley y en un ambiente de libertad, los intereses particulares que obstruyan el interés nacional”.
Osorio hizo eco de la divisa de campaña de Enrique Peña, alcanzar una democracia eficaz: “El país requiere un pacto integral, profundo, de largo alcance, que consolide a México como una democracia política y socialmente eficaz”.
Al referirse a la necesidad de llegar a un acuerdo argumentó que las diferencias políticas y no deben impedir que las diversas fuerzas políticas se pongan de acuerdo para satisfacer los intereses de las personas “por encima de cualquier interés partidario”.
Para lograr los objetivos, sin embargo, no sólo hay partidos en disputa, sino particulares que han obtenido no pocos beneficios por resistirse a las que ahora se plantea como metas comunes.
Capítulo: Autonomía de reguladores
El acuerdo establece propone que se reforzará la autonomía y la capacidad decisoria de la Comisión Federal de Telecomunicaciones “para que opere bajo reglas de transparencia y de independencia respecto de los intereses que regula”.
Destinatario: el presidente de la Comisión, Mony de Swaan, no ha logrado concretar planes como la licitación de cadenas nacionales de TV abierta o el proceso del apagón digital porque las empresas reguladas ejercen duras presiones sobre la autoridad. El mes pasado señaló que es necesario sacar a la Comisión del presupuesto federal y dotarla con recursos propios, así como proteger a los funcionarios ante posibles recursos legales que se interpongan en su contra.
De Swaan, acusado de adjudicar contratos a amigos suyos, quienes le prestaban una propiedad, dice que las empresas a las que debe poner en orden usa sus empresas para atacarlo, precisamente por las decisiones que toma: “Mi actuación es absolutamente honorable, pero como regulo medios de comunicación, digamos que la balanza está un poco en contra mía; es muy difícil que lo que yo diga encuentre eco entre quien regulo “.
Capítulo: Uso de la fuerza pública
Para alcanzar el objetivo de la defensa de los derechos humanos como política de Estado se requiere crear una ley del uso de la fuerza pública, similar a la que se usa en otros países, y establezca parámetros claros para que los organismos de seguridad usen la fuerza, indica el documento.
Destinatario: En su comparecencia ante el Senado, el 29 de noviembre, el entonces secretario de Seguridad Pública dijo a los legisladores la Policía Federal sólo cuenta con protocolos para el manejo de masas. “Sería valioso legislar para crear una ley que defina el alcance de uso de la fuerza policiaca en los niveles municipal, local o federal. No hay ley que determine el alcance de la autoridad para combatir el crimen o par el control de masas”, indicó el ex funcionario, uno de los más criticados por los legisladores de PRI y PRD.
Capítulo: Banca y crédito como palanca de desarrollo
El diagnóstico señala que es necesario que los bancos “presten más y más barato, incluyendo una revisión de la ejecución de garantías, así como reducir el costo de los servicios financieros”, por lo que será necesario cambiar el marco legal de estas instituciones.
Destinatario: El Programa de Evaluación del Sector Financiero de México, realizado por el Foro Económico Mundial y un grupo conjunto del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) encontraron que la participación del crédito bancario en el desarrollo productivo no corresponde al tamaño de la economía y a las necesidades del sector empresarial.
Capítulo: Reforma hacendaria eficiente
El objetivo es alcanzar una eficiencia recaudatoria mediante una mejoría y simplificación del cobro de impuestos que permita aumentar el gasto, específicamente el destinado a política social. “Asimismo, se incrementará la base de contribuyentes y se combatirá la elusión y la evasión fiscal”, lo que significa cobrar a más causantes que actualmente no pagan y obligar a todos a pagar.
Destinatario: el PRD y sus representantes en el Congreso se han opuesto a la propuesta de aumentar el IVA, sin embargo, en sus documentos básicos el PRI establece que quienes hayan llegado a puestos de elección popular postulados por ese partido no avalarán aumentos al Impuesto al Valor Agregado o su aplicación en alimentos y medicinas.
Capítulo Educación:
En el apartado para crear una sociedad de derechos se destina un amplio espacio a la necesidad de hacer una reforma educativa. Es imperativo, señala el documento, “elevar la calidad de la educación de los mexicanos para prepararlos mejor como ciudadanos y como personas productivas”, además de que el Estado recupere la rectoría del sistema educativo
Destinatario: El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que dirige Elba Esther Gordillo, firmó un acuerdo para evaluar a los maestros, que luego desconoció.
Capítulo: Telecomunicaciones
En los acuerdos para el crecimiento económico se hace un gran énfasis en las telecomunicaciones; el diagnóstico es que se necesita fortalecer la competencia en telefonía celular, fija, servicio de datos y televisión abierta para lo que se hacen señalamientos muy específicos:
“Se licitarán más cadenas nacionales de televisión abierta, implantando reglas de operación consistentes con las mejores prácticas internacionales, tales como la obligación de los sistemas de cable de incluir de manera gratuita señales radio difundidas (must carry), así como la obligación de la televisión abierta de ofrecer de manera no discriminatoria y a precios competitivos sus señales a operadores de televisiones de paga (must offer).
Destinatarios: Televisa se niegan a incluir en sus empresas de cable las señales de competidoras como MVS; y junto con TV Azteca se rehúsa a ofrecer sus canales abiertos a las cableras de la competencia.
“Se regulará a cualquier operador dominante en telefonía y servicios de datos para generar competencia efectiva en las telecomunicaciones y eliminar barreras a la entrada de otros operadores”.
Destinatario: La Comisión Federal de Telecomunicaciones catalogó a Telmex como operador dominante; la empresa tiene litigios constantes con la Cofetel.
Capítulo: Petróleo y gas
El Pacto señala que es necesario emprender una reforma energética que mantenga en el Estado la propiedad de los hidrocarburos pero que es necesario transformar a Pemex en una empresa pública de carácter productivo.
“Se hará de PEMEX uno de los ejes centrales en la lucha contra el cambio climático, aplicando una estrategia que desarrolle energías renovables y ahorre energía”.
Destinatario: a fines de noviembre, la empresa Mexichem anunció que cancelaba su proyecto de inversión por 200 millones de dólares en el complejo petroquímico de Pajaritos, Veracruz, por la negativa del Sindicato de Trabajadores Petroleros a aprobar el convenio.
Capítulo: Transformación de la minería
El compromiso 61 establece que se prohibirá la explotación minera del carbón mediante tiros verticales, en tanto no se garantice la plena seguridad de los trabajadores mineros que eviten las tragedias que han sucedido en este sector.
Destinatario: En la reciente reforma laboral se eliminó la prohibición a esas minas. Sólo en este año ha habido cuatro accidentes en explotaciones carboníferas de este tipo en el estado de Coahuila, que causaron 15 muertos.
Capítulo: Responsabilidad fiscal
En el apartado Estrategia para el desarrollo sur-sureste se establece que se creará una nueva reglamentación para regular el endeudamiento excesivo de estados y municipios llamada Ley de responsabilidad hacendaria y deuda pública.
Destinatario: El estado de Coahuila, gobernado por Humberto Moreira, aumentó su deuda de 3 mil a más de 30 mil millones de pesos; algunos de esos préstamos se obtuvieron con documentos falsificados y para cubrir los pagos la administración de Rubén Moreira, hermano del ex mandatario, aumentó impuestos y derechos que pagan los ciudadanos.