Las investigaciones por irregularidades cometidas por funcionarios públicos serán retomadas por la nueva Comisión Nacional Anticorrupción que funcionará como órgano auditor del gobierno federal.

 

Los casos que inició la Secretaría de la Función Pública, como el de Jesús Villalobos, director de Pronósticos Deportivos y ex titular del ISSSTE, a quien se acusa de irregularidades en ambos cargos —como viajar al Super Bowl con cargo a Pronósticos y un quebrante patrimonial al ISSSTE por 299 millones de pesos— no serán abandonados porque el reglamento de la nueva Comisión establece que debe haber continuidad en los procesos hasta que se concluyan, indicaron fuentes de la SFP.

 

Indicaron que más allá de casos específicos, tanto el gobierno saliente como el entrante han manifestado su necesidad de aplicar la ley y por lo tanto los casos abiertos serán resueltos conforme a la ley.

 

El reglamento de la nueva Comisión permitirá distinguir entre faltas administrativas, problemas de carácter disciplinario o actos de corrupción cometidos por servidores públicos. Lo que desea el nuevo gobierno es una depuración efectiva de personal de que no está comprometido con el país.

 

La encomienda para quien ocupe la dependencia que sustituirá a la SFP será aplicar la ley a quién corresponda de acuerdo a las faltas debidamente probadas pero, a diferencia de las declaraciones del primer secretario de la Función Pública del panismo, Francisco Barrio, quien prometió que sancionaría a peces gordos, el equipo del presidente Peña Nieto señala que si un funcionario trabajó limpiamente se le respetará, de lo contrario, ese personaje será sancionado sin importar de quien se trate.

 

“No hay una situación previamente orientada ni dirigida como en otras épocas, lo que hay es una necesidad de transparentar la administración pública”, señalan fuentes de la nueva administración.

 

Lo que hay, dice, son modelos y formas de llevar los controles de un gobierno y todo es por etapas y ciclos. “Hay dos tipos de modelo; un modelo de control interno y estricto o un modelo alternativo que permita ser más eficaz y es momento de cambiar de modelo”.

 

El cambio a un nuevo modelo era necesario porque cada dependencia tiene que responsabilizarse de sus funcionarios públicos. Hay 32 leyes que sujetan al gobierno federal a estrictos controles en el manejo de los recursos y sobre todo en la relación que tiene el gobierno con los privados cuando se hacen de sus servicios para efecto de adquisición y obra.

 

Los funcionarios que hoy trabajan en la SFP pasarán a la Secretaría de Hacienda integralmente y el área de la Función Pública que veía los casos de corrupción pasará a formar parte de la Comisión, mientras los órganos internos de cada dependencia pasarían a ser auditores preventivos.