La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (propuesta por Enrique Peña Nieto) fue aprobada en las comisiones del Senado. Sin embargo, los senadores priistas se abstuvieron de dar su aval.

 

¿La razón? La mancuerna PAN-PRD introdujo un cambio en la redacción del texto, gracias al cual los altos funcionarios de seguridad pública deberían ser ratificados por el Congreso. El PRI aseveró que la Suprema Corte ya ha declarado inconstitucionales la ratificación de funcionarios que no estén ordenadas expresamente en la Carta Magna, y adelantó que ese mismo criterio podría aplicarse al caso en cuestión. De ser así, la normativa avalada podría ser derogada por inconstitucional.

 

Los funcionarios que, según la presente redacción, deberían ser ratificados son el Comisionado de Seguridad Nacional y el Secretario Técnico Ejecutivo de Seguridad.

 

El senador Raúl Cervantes señaló que la fracción 43 del artículo 27 que se refiere a la ratificación sería “justiciable”, esto es, que se podría interponer una controversia constitucional.

 

Afirmó, además, que si la reforma se aprueba como se votó en comisiones, el propio PRI analizaría interponer un recurso ante la Corte, para derogar la ley en sus actuales términos.

 

La minuta cuenta con 16 modificaciones respecto de la enviada por la Cámara de Diputados. Además de la ratificación de los funcionarios, el bloque PAN-PRD logró que el secretario de Gobernación comparezca en 4 ocasiones.

 

La senadora Cristina Díaz explicó que su bancada definirá mañana cuál será su votación en el pleno.

 

El PRI y el PVEM firmaron una minuta para que se aprobara una reforma constitucional que permitiera la ratificación de estos funcionarios; sin embargo, el PAN y el PRD no lo aceptaron.

 

El panista Héctor Larios señaló que hace más de un año se pactó una situación similar y el PRI no cumplió su compromiso: “En política los antecedentes son determinantes para ver si se cree o no en los compromisos”.

 

Otras modificaciones fueron que cuando los cuerpos de la policía auxilien a la PGR o a otros gobiernos estatales o municipales lo hagan bajo el mando y conducción del Ministerio Público, y un transitorio respecto de la desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública.