BUENOS AIRES. Un tribunal de alzada de Argentina prorrogó ayer una medida cautelar solicitada por Clarín, el mayor grupo de medios del país, que impide la aplicación plena de la ley de medios audiovisuales, aprobada en octubre de 2009, informaron fuentes judiciales.

 

La Sala 1 de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal prorrogó la medida cautelar hasta que se dicte la sentencia definitiva en la causa iniciada por Clarín por la supuesta inconstitucionalidad de la norma impulsada por el Gobierno de Cristina Fernández.

 

La resolución lleva las firmas de los jueces Francisco de las Carreras y María Susana Najurieta, según informó el Centro de Información Judicial.

 

Este viernes vencía la medida cautelar por la que hasta ahora estaba frenada la aplicación de un artículo de la ley que obliga a los grupos de medios a desinvertir en caso de poseer licencias de radio y televisión más allá de la cantidad límite permitida por la norma.

 

Esta ley ha sido eje de una fuerte controversia entre Clarín, el mayor conglomerado mediático del país, y el Gobierno de Fernández, que este miércoles había recusado precisamente a los jueces que integran la Cámara que hoy extendió la medida cautelar a pedido del grupo empresarial de comunicación.

 

En el fallo los jueces rechazaron, asimismo, las recusaciones planteadas por el Gobierno.

 

Tras conocerse la decisión judicial, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, afirmó en declaraciones a la agencia oficial Télam que el fallo “es una vergüenza” y adelantó que “se pedirá la intervención de la Corte” para que revise este acto que, a su juicio, “lesiona la democracia”. EFE

 

Ley de Medios

 

La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual establece las pautas que rigen el funcionamiento de los medios radiales y televisivos en la República Argentina. Esta legislación fue promulgada el 10 de octubre de 2009 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y reemplazó a la Ley de Radiodifusión 22.285, que había sido promulgada en 1980 por la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional y se había mantenido vigente desde entonces.

 

En agosto de 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para reemplazar la ley de radiodifusión, luego de haber sido debatido por un año, en 24 foros que se desarrollaron en distintos puntos del país, una propuesta de proyecto de ley basada en veintiún puntos presentados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática en 2004.

 

La ley fija para los medios privados de difusión nacional un tope del 35% del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35% de suscriptores de televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 licencias de televisión por cable y una de televisión por satélite. Las dosis no afectan a empresas de sus amigos