Si bien el país logró en los últimos años un avance institucional para la protección de los derechos humanos, en los hechos, la guerra contra el crimen organizado devino en una escalada de violencia y el regreso de prácticas que —parecía— iban hacia su desaparición, como la tortura, los cateos ilegales, las ejecuciones y las desapariciones forzadas, advirtió Raúl Plascencia, presidente de la CNDH.
En entrevista, el ombudsman precisó que México se ha colocado a la vanguardia con la creación de comisiones, instituciones y reformas en materia de derechos humanos, pero en la práctica existen grandes pendientes.
Plascencia Villanueva refirió el incremento en los últimos seis años de prácticas como la tortura, los cateos ilegales, las ejecuciones y las desapariciones forzadas.
“Esto tiene que ver con la guerra que inició el gobierno de Felipe Calderón contra el crimen organizado, lo que devino en una violencia cada vez mayor y, a la par, el aumento de violaciones a los derechos humanos de miles de personas detenidas a lo largo del sexenio; un repunte lamentable que nos ha colocado en el foco de atención de una buena cantidad de organismos internacionales”, señaló.
En la 21 sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrada en septiembre pasado en Génova, se colocó a México entre los países con mayores rezagos en materia de derechos humanos, en similitud con naciones como Siria, Baréin, Kenya, Paquistán, Francia y Grecia.
Impunidad al alza
De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH, de enero a agosto de este año se presentaron siete mil 295 denuncias de abusos de autoridad en el país.
Destaca en dicho reporte que son los organismos gubernamentales del sector seguridad los más señalados por violentar las garantías individuales, con más de 95% de las quejas.
En los primeros ocho meses del año, Prevención y Readaptación Social Federal tuvo 240 quejas, las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, 116 y 65, respectivamente; mientras que el Centro Federal de Readaptación Social de Villa Aldama sumó 59 denuncias, la Procuraduría General de la República, 58, y la Policía Federal, 19.
“Aun cuando hubo una gran tendencia por fortalecer a las instituciones en materia de derechos humanos se fue abandonando la parte de la prevención, de la cultura de la legalidad, del buen desempeño del servicio público y, particularmente, se incrementó la impunidad”.
En los últimos años se ha ido generando una percepción de impunidad entre los servidores públicos, por lo que asumen que “no pasa nada si se violentan los derechos de las personas, y es que hoy en día, en el país casi 99% de los delitos que se cometen quedan impunes”.
En este sentido, subrayó que “las poco más de 500 recomendaciones que se enviaron al gobierno federal durante los últimos seis años, con cerca de mil 800 puntos específicos, requieren revisarse con total precisión y, sobre todo, un esfuerzo de cumplimiento en cada una de ellas”.
Casos de tortura
Entre 2003 y 2006, la CNDH recibió 691 denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros del Ejército contra civiles, sin embargo esta cifra se incrementó a cuatro mil 803 entre 2007 y 2010.
Raúl Plascencia narra que en 2005 la comisión tenía una sola denuncia de tortura y 400 de tratos crueles, sin embargo este 2012 concluyen con más de dos mil quejas, de las cuales en más del 70% se demostró comportamiento indebido de servidores públicos.
Por su parte, la organización Human Rights Watch señaló en un informe sobre México que existen evidencias de que miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales, de diciembre de 2006 a mediados de 2011.
En el tema de las ejecuciones, Raúl Plascencia consideró que “no es posible que en un país como el nuestro no se alcance a identificar quiénes son las personas que fueron privadas de la vida, ni quiénes son los responsables”.
Si a los responsables de estos delitos se les aplica la ley, a mediano plazo se podrán ver superados muchos de los problemas de abusos, apuntó.
“Espero que en la nueva administración exista voluntad y compromiso en la materia, con el objetivo de poder atender lo que ha sucedido y tomar las medidas adecuadas para evitar que se repitan violaciones de estas características, que lastiman sobremanera a la sociedad pero, particularmente, a las instituciones del Estado”, finalizó.