El Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información es el área de inteligencia de la PGR que entre sus funciones tiene la responsabilidad de integrar el plan nacional para desarticular el crimen organizado, elaborar diagnósticos y tipologías de las actividades criminales, así como consolidar las estadísticas sobre el fenómeno delictivo. La labor del CENAPI es recopilar información y transformarla en inteligencia para el desarrollo de políticas públicas e información, que sea útil a los Ministerios Públicos.
Sin embargo, la labor del CENAPI en los últimos años se centró en ser un área donde se llevaban a cabo las intervenciones a vías de comunicación y donde se ejecutaban investigaciones de campo especiales. Las intervenciones con alguna relación al crimen organizado y narcotráfico son realizadas por la SIEDO en su área de análisis técnico.
Muchas de las investigaciones del CENAPI, al no estar sustentadas en una averiguación previa y al no tener el respaldo de un fiscal, las hace inservibles e inoperantes, a tal grado que existe una desconfianza entre los investigadores de campo del CENAPI y los Ministerios Públicos Federales, por la falta de seguimiento de un caso y otro.
Pero lo más paradójico es que la información más relevante se encuentra en las mismas averiguaciones previas y casos que tiene la PGR. El poder clasificar y analizar estos documentos, así como las evidencias que los acompañan, es una fuente de información que permite establecer patrones de cómo opera la delincuencia en el país. Esta información es justo lo que necesitan los Ministerios Públicos para poder dirigir mejor las investigaciones y establecer estrategias legales para ganar los juicios.
En México, creemos que la ley se cumple cuando presentan a un delincuente ante las cámaras, sin embargo este es solo el inicio de un proceso legal en donde los Ministerios Públicos deben probar ante un juez que el delincuente rompió la Ley. Pero además, en estas capturas y cateos hay mucha información que no nunca va formar parte de la averiguación previa, pero va a permitir establecer un patrón de conducta de cómo se lleva acabo la actividad ilegal.
Un ejemplo son los discos duros y los pasaportes de los delincuentes. Estos documentos tal vez no prueben una actividad ilícita, pero su análisis puede establecer patrones y conductas delictivas, los cuales, cuando son detectados sirven para establecer políticas públicas y prevenir los delitos.
Un ejemplo son los casos de asesinatos en talleres mecánicos en Sonora y Sinaloa, que sirven para esconder los vehículos que se usan para transportar droga o llevar acabo ejecuciones. El año pasado, a pesar de la crisis en el sector pesquero, los estados de Jalisco, Sinaloa y Baja California registraron un aumento en el número de motores overboard para lanchas de pesca. México también se ha vuelto uno de los mercados más atractivos para la renta y venta de aviones privados y no existen bitácoras de vuelo en una base sistematizada.
El CENAPI también es el responsable de verificar las estadísticas que son vitales para la toma de decisiones. Esta labor la ha llevado a muchos choques y enfrentamientos con otras dependencias, ya que muchas veces las cifras reportadas de decomisos, muertes y aseguramientos no están respaldadas con una averiguación previa o se le notifica al Ministerio Público hasta meses después de los hechos. El no contar con información oportuna es muy peligroso ya que la autoridad esta tomando acciones sin información e inclusive puede caer en fallas graves.
Recientemente el diario Washington Post descubrió que hay más de 25 mil desaparecidos en el país. Esta información fue ocultada por la pasada administración y seguramente tendrá graves consecuencias para los funcionarios públicos que escondieron estos datos. En Chile se creó un registro con 8 mil desapariciones, en Argentina se documentaron 16 mil y en Bosnia el total de personas no localizadas fue de 10 mil. El caso mexicano causará mucho ruido a nivel internacional, sobre todo porque hay cerca de 80 extranjeros en esa lista.
La falta de recursos e inversión en la PGR en los últimos años han debilitado a la institución. Pero la falta de liderazgo y una división de tareas poco afortunada ha hecho que el representante legal del Estado tenga un récord que deja mucho que desear. Pero si queremos vivir en un estado de derecho, debemos de fortalecer la PGR. El procurador Jesús Murillo Karam impulsó y participó en el diseño de los juicios orales, conoce bien el sistema y no tendrá problemas en establecer contacto con la comunidad internacional. Pero si quiere reducir la carga de trabajo y la violencia que azota al país también deberá proponer políticas públicas para desarticular al crimen organizado.