El director de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, pidió al presidente de México, Enrique Peña Nieto, que defina un plan concreto y de acción en materia de derechos humanos para “transformar la retórica en realidad”.
A través de una carta con copia a otros funcionarios, entre ellos, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el organismo hizo eco de la información que recabó y difundió en el sexenio pasado sobre violaciones a los derechos humanos en cinco estados de México, a través de la tortura, desaparición forzada y ejecuciones.
Vivanco, escribe que la responsabilidad de juzgar los casos de desaparición forzada no se extinguió con el mandato del presidente Felipe Calderón, pues es un delito de carácter permanente.
A través de varias preguntas, la organización solicita a Peña Nieto que demuestre el plan de trabajo del nuevo gobierno en derechos humanos:
¿Qué medidas adoptará su gobierno a partir de la lista de la Procuraduría General de la República sobre aproximadamente 25.000 personas que desaparecieron durante el gobierno de Calderón y cuyo paradero aún se desconoce? Asimismo, ¿cómo prevé usar esta información para generar una base de datos exhaustiva y precisa de las personas desaparecidas que contenga información que permita identificar a tales personas, como el ADN de sus familiares?
¿Cómo piensa desarrollar su gobierno protocolos estándar para funcionarios judiciales y de seguridad pública con el fin de investigar las desapariciones y comenzar la búsqueda de las personas desaparecidas desde el momento en que el caso se denuncia?
¿Qué plan tiene su gobierno para conformar un registro federal de cuerpos no identificados y cómo prevé asegurar que los datos de este registro puedan ser cotejados con la información de la base de datos sobre personas desaparecidas?
¿Qué medidas adoptará para asegurar que la inadmisibilidad de evidencias obtenidas mediante tortura —que continúa siendo vulnerada a pesar de estar garantizada en el artículo 20 de la Constitución Política de México— se cumpla en la práctica?
¿Y de qué forma su gobierno, en colaboración con la Procuraduría General de la República, examinará de manera sistemática los casos en los cuales las pruebas indiquen de manera clara que en la actualidad hay personas encarceladas sobre la base de estas pruebas ilícitas?
¿Para cuándo su gobierno tiene previsto proponer una reforma del Código de Justicia Militar que se adecue a los cuatro pronunciamientos vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las decisiones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para asegurar que todas las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por soldados contra civiles sean investigadas y juzgadas en la justicia penal ordinaria?