BUENOS AIRES. La presidenta argentina, Cristina Fernández, arremetió ayer contra el poder judicial tras la inesperada absolución de todos los imputados en un juicio por trata de personas, lo que ha provocado una fuerte indignación en el país.

 

Hay un “divorcio entre justicia y sociedad”, sentenció Fernández, cuyo Gobierno ha recibido en los últimos días dos importantes reveses judiciales relacionados con una ley que afecta a la propiedad de los medios de comunicación.

 

Fernández aseguró que “indigna al país” el hecho de que un tribunal penal de la provincia norteña de Tucumán exculpara por unanimidad a los trece imputados en la causa por el secuestro de una María de los Ángeles Verón.

 

“Marita” desapareció en 2002, cuando tenía 23 años y una hija de 3, y desde entonces se desconoce su paradero, aunque su familia considera que fue víctima de una red de trata de mujeres.

 

“No tengo pruebas, pero no tengo dudas: cuando hay dinero de por medio, el mundo puede estar tocando trompetas que no les importa nada”, señaló Fernández en referencia a los jueces en el acto de inauguración de una planta de producción de medicamentos.

 

“¿Qué otro poder tiene cargo asegurado para toda la vida?”, se preguntó la mandataria, quien consideró necesario abordar un proyecto de “democratización y de control republicano del Poder Judicial”.

 

La Corte Suprema de Justicia afirmó que “el combate contra la trata de personas y la protección de las víctimas de violencia de género” es “una decisión institucional muy clara y contundente”.

 

Las críticas más duras llegaron de Trimarco, quien ha dedicado la última década de su vida a buscar a su hija y a rescatar de las redes de trata de personas a centenares de mujeres.

 

Esta “madre coraje” llamó como “sinvergüenzas”, “corruptos” y “delincuentes” a los jueces del tribunal que dejaron en libertad a los trece imputados, entre ellos Víctor Rivero, a quien la Fiscalía consideraba el autor material del secuestro, y su hermana María Jesús Rivero, señalada como presunta autora intelectual del rapto.

 

Aunque el tribunal dará a conocer los fundamentos de la sentencia el próximo día 18 de, los jueces adelantaron que no se pudo probar que “Marita” fuese secuestrada por una red de trata de personas.

 

“Ahí (en la sala del tribunal) se sentaron víctimas ¿Cómo pueden decir que no hay pruebas?”, se preguntó Trimarco en declaraciones a los medios locales.

 

Las mujeres liberadas de redes de trata que testificaron contra varios de los imputados aseguraron haber sido compañeras de cautiverio de la joven tucumana en locales de diversos puntos del país donde eran drogadas y obligadas a prostituirse.

 

Trimarco reiteró que apelará “un fallo que es una vergüenza, una estafa total” y luchará para abrir “un juicio político” contra los tres jueces integrantes del tribunal.

 

Ante el alud de críticas recibidas, el presidente del tribunal tucumano, Alberto Piedrabuena, declaró a una radio que “está tranquilo” y que los tres magistrados actuaron “con total independencia”.