SKOPJE. Jaled El-Masri fue arrestado por la policía macedonia el 31 de diciembre de 2003 y trasladado a un hotel de Skopje, donde fue torturado.
El detenido también sufrió torturas en el aeropuerto de la capital macedonia, antes de ser entregado a las autoridades estadunidenses, que lo trasladaron a un centro de detención secreto de Afganistán, donde permaneció cuatro meses.
Por fin, la justicia decidió dictar una sentencia en contra de Mecedonia quien se convierte en el primer país europeo en aceptar que sí colaboró con la CIA en la coordinación de vuelos ilegales.
Macedonia anunció que acata y cumplirá la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que dictaminó que el país balcánico torturó a un ciudadano alemán y colaboró con Estados Unidos en los vuelos secretos de la CIA.
“Hemos creado una comisión para el cumplimiento de la condena que ya ha empezado a trabajar y en su próxima sesión tomará medidas para que todas las normas del Tribunal de Estrasburgo se lleven a efecto”, declaró a los medios macedonios Kostadin Bogdanovski, representante legal de Macedonia ante esa corte.
Bogdanovski recalcó en declaraciones a los medios macedonios que la decisión de la corte es definitiva y que no se puede recurrir.
El dictamen del Tribunal supone la primera condena contra un país europeo por haber colaborado con los llamados vuelos secretos de la CIA, en las que sospechosos de terrorismo fueron secuestrados y sometidos a interrogatorios y torturas.
Según el fallo, Macedonia violó hasta cuatro artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que condena a ese país a pagar al denunciante, Jaled El-Masri, 60 mil euros por daños y perjuicios.
Macedonia no sólo practicó la tortura con El-Masri sino que lo entregó a la CIA a sabiendas de que se exponía a nuevas torturas, señala el fallo.
Pese al anuncio hecho por el represente legal de Macedonia, un portavoz gubernamental se negó a hacer comentarios y explicó que no habrá postura oficial hasta que se conozca el contenido de la sentencia.
Amnistía Internacional calificó de “histórica” la condena. La organización, junto a la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), señaló en un comunicado que la sentencia es un “hito en la lucha contra la impunidad” ya que, por primera vez, un Estado europeo ha sido condenado por el Tribunal de Estrasburgo por colaborar con los llamados vuelos secretos de la CIA.
Pentágono defiende encubrimiento
WASHINGTON. El Pentágono defendió la decisión del juez encargado de las comisiones militares de Guantánamo, donde se procesa a acusados de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, de mantener censurados parte de los testimonios de los presos por motivos de seguridad nacional.
El teniente coronel Todd Breasseale, un portavoz del Departamento de Defensa de EU, señaló que la imposición de una “orden de protección” es una medida “responsable”, puesto que se tratan asuntos que afectan a la seguridad nacional.
“Es lo que todos los tribunales hacen para manejar responsablemente la información de seguridad nacional, al tiempo que se garantiza que el acusado reciba un juicio justo y que el proceso sea tan abierto y público como sea posible”, argumentó.
El juez de la comisión militar, el coronel James Pohl, admitió la petición del Gobierno estadunidense de que se mantengan los 40 segundos de retraso en la retransmisión del proceso, que puede seguir el público y la prensa por circuito cerrado.
Este retraso da un margen a las autoridades militares para que decidan si lo comentado es información clasificada y, en caso afirmativo, el audio es interrumpido y lo dicho queda omitido.
Breasseale explicó que el juez militar tomó la decisión después de recibir “informes extensos” y de haber escuchado testimonios orales sobre el impacto que podría tener la publicación de los testimonios.
Un grupo de medios de comunicación y la organización de derechos civiles Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) solicitaron que este retraso fuera eliminado por considerarlo “injustificado”.
La ACLU ha denunciado que se trata de un pretexto para que el Gobierno estadounidense “mantenga ocultos a la opinión pública los testimonios de los acusados sobre sus torturas”.
En su auto, Pohl considera el “breve retraso” como la forma “menos intrusiva y perjudicial” para mantener la “transparencia” del proceso y, al mismo tiempo, “preservar los intereses de la seguridad nacional”. EFE