En el estado de Connecticut, al mes de junio de este año, la ATF tenía registradas 572 licencias para vender armas, la Secretaría de Educación contabilizaba un total de 263 escuelas preparatorias en el estado. Hay 1,169 coleccionistas de armas antiguas registradas, el doble del número de primarias. Esto refleja un gusto por las armas que podemos ver a lo largo de varios estados de la Unión Americana.
Sin embargo, ningún estado depende de la industria armamentista y la guerra, como lo hace Connecticut. En el estado existen 118 fabricas de armamento, de la talla de Mossberg & Sons, Devon Armory, U.S. Fire Arms Manufacturing Company y Precision Arms inc., mismas que generan cerca de $12.8 mil millones de dólares en impuestos estatales y dan trabajo a más de 50 mil personas. A su vez hay 2 puertos destinados a la construcción de submarinos, una instalación segura con certificación militar para el ensamble de rotores para helicóptero y varios laboratorios de alta tecnología para el desarrollo de nuevo armamento.
La dependencia económica del estado en la guerra y del Pentágono han causado un debate sobre los “posibles” recortes en el presupuesto 2013, ya que en la década de 1990 se vivió la misma crisis económica por los recortes en la época del presidente Bill Clinton.
En el condado de Groton, antes de la semana pasada, existía preocupación por la cancelación de contratos para la fabricación de submarinos. Los Congresistas y Senadores del estado han sido muy efectivos en desarticular los recortes presupuestales que afectan a la economía estatal. En años anteriores han defendido estos contratos y sus representantes recibieron por lo menos 14 millones de dólares en las elecciones pasadas de patrocinios relacionados a la industria armamentista.
Desde el 11 de septiembre de 2001, el estado ha visto aumentar su economía alimentada por las guerras en el medio oriente y la guerra contra el terrorismo. Compañías como US Arms Manufacturing Company reciben fuertes incentivos fiscales y partidas presupuestales para desarrollar nuevas armas y el estado de Connecticut los apoya con tal de aumentar su base recaudatoria.
Este es el contexto que se vive en un estado que ha sido descrito como un lugar pacifico por los medios. El estado vive de la guerra y de la industria del armamento, el fabricar armas, recibir dinero y obtener una utilidad por esta actividad económica pudo haber influido en las decisiones del asesino.
Ahora veremos si los mismos congresistas y senadores de Connecticut apoyan las propuestas para reducir el acceso al armamento, veremos si las autoridades locales restringen los permisos de venta de armas y prohíben las ventas de coleccionistas que muchas veces son aprovechadas para intercambiar armamento ilegal, o si toman las acciones que el alcalde Michael Bloomberg ha puesto en marcha para dificultar la compra de armas en la ciudad de Nueva York.
Veremos si la muerte de 27 personas puede desarticular una economía estatal que se basa en la guerra y la violencia.