El Senado aprobó dar una ampliación de 10 meses para que los integrantes de las instituciones de seguridad pública obtengan el certificado por parte de los centros de evaluación y control de confianza, ya que el plazo concluye el tres de enero próximo y más de cien mil elementos tendrían que ser retirados del servicio.
El dictamen, avalado con 93 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, modifica el artículo tercero transitorio de la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde además se establece que el secretario ejecutivo deberá presentarse ante el Senado para rendir un informe del avance del programa, a los seis meses de entrada en vigor del decreto.
El senador panista, Fernando Yunes se pronunció a favor del dictamen, pero subrayó que la reforma es una respuesta a “la falta de responsabilidad y compromiso de casi todas las entidades federativas con el problema de inseguridad y corrupción que vive el país”.
Y recordó que los mandatarios estatales tuvieron un plazo de cuatro años para cumplir con esta meta que ellos mismos establecieron que significa cumplirles a los ciudadanos de sus estados.
El 80 por ciento de las entidades, acotó, “faltó en su momento a lo pactado en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad”, ya que sólo el 20 por ciento de los estados cambiaron de gobernador este año.
Asimismo, resaltó que es indispensable unificar criterios y transparentar las evaluaciones porque hay datos muy disímbolos entre las distintas entidades del país, y ejemplificó que en Campeche se reportaron sólo dos policías reprobados, mientras que en Guanajuato se informó de mil 800 reprobados.
En el dictamen, que fue enviado a la Cámara de Diputados, se explica que en los ámbitos estatal, municipal y del Distrito Federal, el seguimiento inició de manera mensual para los programas de permanencia y nuevo ingreso en enero de 2010, por lo que al 31 de octubre de 2012, 293 mil 632 elementos de 426 mil 349 fueron evaluados de manera integral.
Se estima que al final de este mes se logrará a nivel nacional un avance de tan sólo del 84 por ciento, “dado que el 59 por ciento de las entidades federativas todavía no han logrado lo estipulado en el artículo Tercero Transitorio de la Ley”.
El senador priista Omar Fayad explicó que de no hacerse esta reforma miles de agentes de seguridad pública tendrían que ser removidos de sus cargos el 3 de enero de 2013 por no haber concluido sus procesos de certificación.
Y que por ello, las comisiones unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, propusieron que se ampliara el plazo, lo cual no significa “que se vaya a relevar a nadie de tan importante compromiso… pero sí implica un respiro, en virtud de que el esfuerzo que se ha hecho en esta materia es enorme; en estos cuatro años se han tenido que establecer los Centros de Control de Confianza, que no existían en las entidades federativas; tampoco se habían ampliado los que existían en la federación, ni estaban los nuevos, de tal suerte que hoy hay mejores condiciones para poder enfrentar esta certificación”.
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agentes de seguridad pública fueron dados de baja en las cinco regiones de Coahuila por no acreditar las evaluaciones de control de confianza.