En 2007, primer año de la administración del presidente Felipe Calderón, el país registró en el periodo de enero a octubre poco más de ocho mil 500 homicidios dolosos a nivel nacional. Cinco años más tarde, la cifra total de muertos se duplicó.
Los datos reportados por las Procuradurías locales al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), ponen en evidencia que en el mismo lapso de este año el país acumula 17 mil 587 casos de homicidios violentos.
De mantenerse la misma tendencia este año, la actual administración federal cerraría con un incremento de 105% en el número de homicidios, en comparación con el número de crímenes que se cometieron en 2007.
De hecho, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa, Estado de México y Tamaulipas acumularon, en 10 meses de 2012, un total de seis mil 647 homicidios dolosos, es decir, casi la misma cifra de los que se registraron en el primero año del sexenio, pero en todo el país.
La radiografía del índice criminal también se transformó durante el gobierno calderonista.
De enero a agosto de 2007, los estados que acumulaban el mayor número de homicidios dolosos eran Oaxaca, Estado de México, Guerrero, Sinaloa, Distrito Federal, Michoacán y Veracruz.
En tanto, en 2012, las entidades con más homicidios son Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa, Estado de México, Jalisco y Morelos.
La disputa entre grupos del crimen organizado es el común denominador entre las entidades federativas que registran la mayor cantidad de homicidios dolosos, pese a los operativos coordinados puestos en marcha.
En Chihuahua, por ejemplo, las ejecuciones han sido provocadas en gran parte por la disputa entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez; en Guerrero, la lucha es entre el Cártel Independiente de Acapulco y otros grupos que estaban ligados a los Beltrán Leyva, y en Nuevo León los protagonistas han sido Los Zetas.
La región norte del país es la más golpeada en materia de homicidios, pues cuatro de las seis entidades del país con más crímenes se ubican en esa zona. La excepción son Guerrero y el Estado de México.
Hasta el día de hoy, el gobierno federal no ha dado a conocer una base de datos consolidada y actualizada que permita identificar qué homicidios dolosos son responsabilidad de la acción o disputa de los grupos delictivos organizados, y cuáles pertenecen a casos de la delincuencia local.