Tan sólo en el país existen más de 400 cárceles que carecen de condiciones óptimas y la gran mayoría opera con fuertes irregularidades; siendo las de mayores problemas Tamaulipas, Nuevo León, Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero, Tabasco y Nayarit.
De acuerdo con un estudio realizado este 2012, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el 60% de las prisiones tienen autogobierno, el cual ejercen grupos de la delincuencia organizada, principalmente en los estados de Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Jalisco y Michoacán.
Por lo anterior y en base al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que realizó la CNDH, el coordinador parlamentario del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, señaló la necesidad de modificar el sistema penitenciario, luego de que se detectó severas irregularidades en los penales del país.
Añadió que estos cambios deben respeto los derechos humanos, incluir la educación, trabajo, capacitación y un combate frontal y decidido contra la corrupción a través de controles de confianza hacia el personal que ahí labora.
El coordinador perredista, habló de la necesidad de contemplar en dicho modelo que las penas privativas se establezcan de forma especial para los delitos graves y que se priorice la reparación integral del daño a la víctima.
Aseguró que la sobrepoblación es un problema persistente en las cárceles mexicanas, tan sólo en el Reclusorio Oriente de la ciudad de México, conviven más de 12 mil personas en un espacio que tiene cabida para poco más de 5 mil reos.
Caso similar, lo enfrenta el Centro de Reinserción Social de Mexicali, cuya capacidad de alojamiento es apenas de mil 780, pero actualmente tiene recluidos a más de tres mil presos, detalló.
Barbosa Huerta, apuntó que aunado al grave problema de hacinamiento, debe añadirse que en estos lugares “no existen registros de supervisión, se carece de acciones de prevención y atención de incidentes violentos; no existen procedimientos de canalización de quejas de internos en caso de violaciones a los derechos humanos y hay deficiente atención en las áreas médicas”.
Agregó que existen problemas de higiene en espacios como los dormitorios, comedores, cocinas, servicio médico; alimentos de muy baja calidad; insuficiente personal de seguridad y custodia; actividades ilícitas, y deficiente clasificación de los sentenciados, procesados, reincidentes y desatención a grupos en situación de exclusión.
El senador poblano, insistió en que es urgente realizar un adecuado replanteamiento de las estrategias para el manejo y administración de los centros penitenciarios de manera integral y articulada, con perspectiva de derechos humanos.
“Hay que diseñar un modelo de reinserción social basado en la educación, el trabajo y la capacitación, en el que las penas privativas se establezcan de forma especial para los delitos graves, todo esto acompañado de un combate frontal y decidido a la corrupción”, enfatizó.
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