BUENOS AIRES. La Corte Suprema argentina rechazó este jueves, 27 de diciembre, un recurso presentado por el gobierno que buscaba que ese tribunal definiera si son constitucionales los artículos de una ley que obligan al Grupo Clarín a desinvertir en el mercado audiovisual.
La Corte declaró inadmisible el recurso del Poder Ejecutivo que buscaba una sentencia definitiva sobre los artículos de una ley de medios de 2009 que son objetados por Clarín. Además, el máximo tribunal avaló una medida cautelar de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal que mantiene frenada la desinversión por parte del mayor multimedios, informaron éste último y otros medios como la agencia oficial de noticias Télam.
Al respaldar la medida cautelar, el máximo tribunal exhortó a la Cámara en lo Civil y Comercial que dicte rápidamente una sentencia sobre la cuestión de fondo del litigio, es decir la constitucionalidad o no de los artículos que obligan a desinvertir y desprenderse de licencias de señales audiovisuales a los medios que exceden un número determinado.
El gobierno de la presidenta Cristina Fernández exige a Clarín que se avenga a desinvertir, tal como se han mostrado dispuestos a hacer otros medios periodísticos en cumplimiento de la norma que, según el Ejecutivo, busca terminar con los monopolios.
Pero Clarín sostiene que los artículos objetados –entre ellos el 161 y el 45, que son los más controvertidos– afectan el derecho a la libertad de expresión, a la igualdad, a la legalidad, a la propiedad y a la libre competencia.
Varios días atrás un juez de primera instancia declaró constitucionales los artículos, decisión que fue apelada por el grupo periodístico. El caso llegó así a la Cámara en lo Civil y Comercial.
Juristas creen que una vez que ese tribunal dé a conocer su fallo, una de las dos partes apelará y será finalmente la Corte Suprema la que se pronuncie sobre la constitucionalidad de los artículos objetados por el multimedios. La setencia final podría llegar recién en varios meses.
Fernández y Clarín están abiertamente enfrentados desde 2008, cuando el grupo periodístico respaldó las protestas de los productores agropecuarios en contra de la decisión oficialista de gravar con impuestos las exportaciones de algunos granos.
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