Saltillo, Coahuila.- El Municipio de Saltillo clausuró de forma definitiva, entre la tarde del viernes y la mañana de ayer, 46 “deshuesaderos” que operaban en diversos sectores de la ciudad de forma ilegal.
Además, el alcalde Jericó Abramo Masso dio a conocer que la próxima semana el Cabildo de Saltillo estará votando por la prohibición de la instalación de este tipo de establecimientos en la zonas urbana y rural.
El Edil aseguró que su administración tomó la decisión de cerrar los negocios después de una fuerte revisión jurídica que llevó los últimos seis meses, y en base a ordenamientos que incumplían de artículos de los reglamentos de Desarrollo Urbano Municipal, de Ecología y Protección Ambiental y de Protección Civil. El cierre fue realizado por los grupos GROMS y Cobra.
“Se han cerrado 46 yonques que trabajaban de forma ilegal: sin ningún permiso, sin ningún uso de suelo, sin ningún permiso de funcionamiento, sin ningún aval de ninguna autoridad”, informó.
Comentó que las clausuras son definitivas puesto que no se contaba con ningún permiso y reiteró que en Saltillo no se permitirá más ninguna instalación de deshuesaderos.
De la misma manera, agregó que no puede permanecer en la ciudad un negocio que no esté regulado, al no dar las garantías jurídicas para su operación.
“Además no respetan al medio ambiente, causan fauna nociva, daños a los vecinos y a la protección civil de áreas aledañas”, señaló.
De dudosa procedencia
En cuanto a la posible operación de la delincuencia en dichos negocios con el desmantelamiento de autos robados, el Alcalde indicó que el encargado de investigar esa situación sería el Ministerio Público, no obstante mencionó haber encontrado refacciones sin factura y sin garantía jurídica en algunos yonques, “por lo que ya se hizo la notificación correspondiente”, afirmó, “es trabajo que tendrá que hacer la autoridad correspondiente”.
Agregó que el destino final de los yonques clausurados se encuentra en las manos de la PGJE, a quien tocará desalojar y disponer de las autopartes.
“Ya no tienen permiso para laborar, deben proceder a retirar sus cosas de ahí. Nuestra obligación jurídica de cerrarlos es que no operen, no van a operar y todo va apegado a la ley. Asegurar la mercancía le toca a la Procuraduría, ellos tendrán que hacer su trabajo”, indicó.
LO QUE DICE EL MUNICIPIO:
La clausura se debe, dentro del orden municipal, a la violación de distintos preceptos de reglamentos.
Específicamente por no contar dichos establecimientos con las constancias de uso de suelo y las licencias de funcionamiento necesarias para llevar a cabo cualquier actividad comercial.
Ni la acreditación necesaria que otorga la unidad de Protección Civil con la finalidad de prevenir riesgos, así como las condiciones ambientales necesarias marcadas por los ordenamientos municipales.