El crimen organizado es una inagotable fuente de empleo para jóvenes que, carentes de oportunidades de trabajo, estudio o entretenimiento encuentran en estas bandas un sentido de pertenencia, una fuente de autoestima y recursos. No hay cifras oficiales sobre el número de jóvenes involucrados en actividades ilícitas. Se sabe que, en su mayoría, son cooptados desde la adolescencia temprana. Suele tratarse de jóvenes que llegan a los 18 años sin saber hacer otra cosa que matar, intimidar o vender droga.

 

Para el calderonismo, la única salida para estos jóvenes era la cárcel o la muerte. Todavía leemos tuits o columnas del gabinete saliente (como Javier Lozano) que se vanaglorian de la muerte o desaparición de dichos jóvenes, basada en juicios de valor sin fundamento jurídico alguno. Esta postura es inaceptable para cualquier Estado que pretenda ser de derecho.

 

La nueva administración modificó la narrativa de la guerra, (a ver si cambian las políticas). Presidencia habla de “construir un México en paz”. Suponemos que entienden que la paz se edifica, requiere de estructuras institucionales sólidas que transformen la interacción entre individuos, y no se limita a la ausencia de violencia.

 

La agenda planteada consta de seis puntos, e incluye uno sobre prevención. Contiene acciones existentes, que son necesarias pero no suficientes como las “políticas para combatir las adicciones, rescatar espacios públicos, ampliar las Escuelas de Tiempo Completo y promover proyectos productivos, entre otras acciones”.

 

Sin embargo, la agenda no plantea esquemas de reinserción social. ¿Qué hacer con los miles de jóvenes que ya pertenecen a las bandas delictivas y son recuperables?

 

En México, muchos consideran inaceptable la asignación de recursos públicos a presuntos delincuentes. Olvidan que muchos empezaron muy chicos, sin conciencia alguna de lo que aceptaban. La experiencia muestra, que buena parte es recuperable si se les ofrece los apoyos adecuados, sobre todo si se les mantiene lejos de los reclusorios.

 

La reinserción social en México es mínima. Hay algunos esfuerzos locales, como el de Juárez con los jóvenes de Anapra, pero se topan con infinitos obstáculos institucionales. A pesar de la tragedia que vivimos, no hemos entendido su importancia; mientras, otros países han logrado grandes avances sociales con este tipo de políticas.

 

Colombia lleva diez años de trabajo en este sentido. Primero con la Política de Defensa y Seguridad Democrática que buscaba desmovilizaciones colectivas e individuales.

 

En 2006, crearon la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR). Diseñaron el Programa para la Reincorporación a la Vida Civil que atiende, tanto al desmovilizado (con atención psicosocial, capacitación académica, acceso al sistema de salud, y una mensualidad) como a las comunidades receptoras. Desde 2003, han habido 54 mil desmovilizaciones de todos los grupos. Sólo los 2.345 menores entran al Programa de Atención Especializada.

 

La experiencia colombiana debe explorarse a fondo por su impacto en la reducción de violencia. Ellos llevan 50 años de conflicto, nosotros, no esperemos tanto. Cambiemos los paradigmas. Si Peña quiere construir un México en paz, tiene que partir del individuo y esto incluye a todos los mexicanos, incluidos los reinsertables.

 

En el margen

 

Como ex alumna de Harvard y como mexicana, lamento profundamente el nombramiento de Felipe Calderón como supuesto líder global. Nadie más lejano al concepto de líder que esa institución me enseñó.