Londres. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha establecido que la falta de supervisión y cumplimiento a los mecanismos para prevenir el lavado de dinero puede poner en riesgo a los sistemas financieros de los países miembros y que el impacto afecte a más países o inclusive regiones.
El FMI está en alerta, ya que varios estudios comisionados, así como investigaciones y escándalos recientes, han demostrado que el dinero ilícito continúa entrando al sistema financiero. El FMI hace referencia al caso de Antigua en 2009, que causó una caída del PIB del país del 10.7% ese año y la introducción de un programa de apoyo por parte del fondo. El año pasado, dos de los principales bancos británicos, HSBC y Standard Chartered, aceptaron no tener los controles necesarios para prevenir actos de lavado de dinero y toleraron la falta de controles. Como resultado, HSBC pagó $1.9 billones de dólares. Un informe del Senado de EU, publicado en julio, establece que HSBC había “expuesto al sistema financiero de EU a una amplia gama de acciones de lavado de dinero, provenientes del tráfico de drogas, debido a insuficiencias en los controles internos de su operación bancaria”.
Diversas sanciones se han aplicado recientemente como consecuencia al incumplimiento de las normas de supervisión contra el lavado de dinero. El 1 de enero, el Banco de Italia sacó del sistema de pagos al Vaticano después de que este no respondiera a los requerimientos para verificar que la Ciudad–Estado cumpliera con las regulaciones y disposiciones para proteger a su sistema financiero contra el lavado de dinero.
El crimen organizado ha sofisticado su operación financiera para esconder sus activos, pero los métodos para lavar el dinero son los mismos. En México, lo que sucede es que rara vez se cumplen las disposiciones para evitar el lavado de dinero y los controles internos en los agentes financieros son inadecuados, dado que los ejecutivos instalan comités de vigilancia que sólo operan en papel. Los agentes financieros han querido evitar el costo de la regulación y la tendencia es que asignen esta función a un ejecutivo de medio nivel en el área legal. A su vez, la CNBV ha sido muy laxa en sus revisiones de campo y muchas veces ha entorpecido las investigaciones de otros organismos. La descoordinación del Estado ha favorecido a los criminales e inclusive ha reducido los costos asociados para lavar el dinero en México.
De acuerdo a un estudio elaborado por Robert Tie (Money laundering, 21st century-style, Fraud Magazine, July/August 2012), cada año entran entre 200 y 250 billones de dólares de procedencia ilegal al sistema financiero de América Latina. Esto representa cerca del 5% del PIB de la región. Hoy en día las organizaciones criminales más poderosas en la región son las mexicanas y es cierto que se necesita de la cooperación internacional para terminar con el poder de las organizaciones transnacionales, pero el cumplir con el marco normativo y las funciones de regulación son el primer paso que las autoridades deben dar para que no estalle otro caso como el de HSBC, Walmart o Bizjet donde la sanción venga de la comunidad internacional.