La propuesta de reformar el artículo 1 constitucional desató una tormenta en el terreno político, académico y social.

 

La iniciativa fue presentada por el priista Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y ha sido turnada a comisiones para su dictamen.

 

La iniciativa asienta que no hay ley de más envergadura en el país que la Constitución y tiene el objetivo declarado de ampliar la protección de los derechos humanos. Sin embargo, esto significa que tratados internacionales que el país ha firmado —y que hasta el momento tienen una jerarquía equiparable a la Carta Magna— pasarían a un segundo plano. Según los detractores, esto cerraría puertas de inconformidad y traería perjuicios a los ciudadanos.

 

Más de 200 organizaciones defensoras de los derechos humanos y sectores de la academia, vinculada a la defensa de los derechos humanos, han advertido que la iniciativa de ley es una “regresión” que podría ser alentada por el gobierno de la República.

 

En contraste, Arroyo Vieyra ha señalado que su propuesta es en sintonía con la Corte y tiene como propósito evitar contradicciones en perjuicio del Estado con la aplicación de tratados internacionales en materia de derechos humanos que protegen la libertad de expresión, la vida, la niñez, entre otros.

 

La propuesta, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, establece lo siguiente:

 

“De existir una contradicción de principios entre esta Constitución y los Tratados Internacionales de los que México sea parte, deberá prevalecer el texto constitucional, conforme a lo previsto en su artículo 133”.

 

En la actualidad, el artículo 1, reformado en junio de 2011, precisa que “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y de los que el Estado Mexicanos sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

 

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

 

La propuesta de reforma a dicho artículo generó el rechazo inmediato en la redes sociales, donde se expresaron diversas ONG y académicos, como los constitucionalistas Geraldina González de la Vega, Pedro Salazar Ugarte y Miguel Carbonell, y consejeros de la Comisión de Derechos Humanos como Santiago Corcuera Cabezut y Clara Jusidman, entre otros.

 

En una carta dirigida a Arroyo Vieyra señalan que su reforma retrocede en el avance normativo al dejar de garantizar la protección más amplia para la persona y deja sin sentido el reconocimiento constitucional del “principio pro personae”.

 

Además de que, para todos fines prácticos, con dicha reforma sólo existirán los derechos que estén reconocidos textualmente en la Constitución.

 

“Va en contravía del principio constitucional de progresividad en la interpretación de las obligaciones de garantizar, promover, proteger y respetar los derechos, que prohíbe interpretaciones que restringen la efectividad de los derechos ya reconocidos, así como de sus garantías ya adoptadas”.

 

Asimismo, añaden que de aprobarse en la Cámara de Diputados excluirá a la Constitución del grupo de constituciones de avanzada en América, “regresándola al lado de constituciones propias de Estados con democracias débiles o en proceso de consolidación”.

 

Al respecto, en las redes sociales, Arroyo Vieyra ha señalado que está en la disposición de escuchar las propuestas de todos los sectores.

 

En entrevista con Carmen Aristegui, en MVS Noticias, reconoció que nunca imaginó que se abriría una “caja de pandora”. Admitió que ha recibido “algún disgusto del régimen” y aseguró que como presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro “no voy a mover un dedo para defenderla”.

 

“Reconozco que el hecho de que las organizaciones piensen que el principio pro personae esté en riesgo, pues es un asunto que merece mi atención. Ahora, como legislador también escuché a la otra parte que me dice que aquí hay un conflicto y la Corte ya se ha pronunciado en un par de ocasiones”, añadió.

 

Los 9 acuerdos

 

Hay nueve tratados internacionales de derechos humanos signados por México:

—Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

—Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

—Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial

—Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer

—Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

—Convención sobre los Derechos del Niño

—Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares

—Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas

—Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad

 

En el continente americano, bajo la Organización de los Estados Americanos (OEA) –de la cual México forma parte– los derechos humanos están protegidos por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en 1948, y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor en julio de 1978.

 

Este sistema de protección de los derechos humanos, llamado Sistema Interamericano, está conformado por dos entidades: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, D.C. y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en San José de Costa Rica.

 

Contradicciones

 

Francisco Arroyo Vieyra ha mostrado diversas contradicciones relacionadas con el estatus jurídico de la Constitución y de los tratados internacionales:

 

—La tesis aislada del amparo directo 30/2012, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sentencia que el propio artículo 1o. reformado dispone que en nuestro país todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, pero categóricamente ordena que las limitaciones y restricciones a su ejercicio sólo pueden establecerse en la Constitución, no en los tratados.

 

—En derecho familiar, existe un tratado internacional que dice que los hijos tienen el derecho de ver a los padres y hay casos en los que esos padres pueden ser sujetos muy peligrosos para los hijos.

 

—El caso de que un ministro de culto intente ser votado como lo establecen los tratados internacionales.