Frente al aumento sostenido de los homicidios dolosos en los últimos años en México, la mitad de ellos por acción del crimen organizado, el Estado mexicano ha sido incapaz de construir instituciones de justicia que investiguen y resuelvan estos casos, al punto en que el 80% de los crímenes queda sin respuesta ni castigo.
Así lo dejan en evidencia las estadísticas de mortalidad y las estadísticas judiciales en materia penal del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia (INEGI), las cuales fueron recopiladas y cotejadas en un estudio presentado por el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa.
La conclusión es contundente: de 1997 a la fecha, la estructura del estado Mexicano permite resolver en promedio 4 mil 350 crímenes al año solamente.
El problema es que el número de homicidios se ha venido incrementando anualmente y por lo tanto, el nivel de impunidad. En 2010, detalla el estudio, el INEGI contabilizó 24 mil 572 homicidios, de los cuales 21 mil aproximadamente quedaron sin sanción, lo que equivale al 84 por ciento del total.
Estas cifras, destaca el informe, evidencian que la estrategia implementada para combatir a la delincuencia no fue pensada de forma uniforme, pues no se ampliaron las capacidades ministeriales ni de investigación delictiva.
Por ejemplo, a nivel federal, la Procuraduría General de la República (PGR) no recibió un aumento sostenido de su presupuesto anual, como si ocurrió con las fuerzas armadas y la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
El análisis “Indicadores de víctimas visibles e invisibles de homicidio” de México Evalúa, también revela que el problema de la impunidad en materia de homicidios, es mas grave en unos estados como en otros.
Tomando como referencia el 2010, el año mas reciente en el que es posible cruzar las cifras ya consolidadas del INEGI en materia de mortalidad y de eficiencia judicial penal, se elaboró un mapa en el que se muestra al problemática de cada estado y se obtiene un ranking de impunidad.
La deshonrosa posición número 1 se la lleva Durango, donde en el 2010 se contabilizaron mil 62 homicidios de los cuales solo fueron sancionados siete, es decir, una eficiencia de apenas el 0.7%. Chihuahua ocupa la posición número 2, con 70 homicidios resueltos de los seis mil 221 que se presentaron, apenas el 1.1%.
En tercer sitio se ubica Sinaloa, que en el 2010 tuvo dos mil 301 homicidios dolosos, y solo 40 resueltos, que representan el 1.7%.
La entidad federativa que tuvo en el 2010 la mejor eficiencia en la investigación de homicidios, con un 41% de los casos resueltos fue Yucatán, ya que se sancionaron 14 de los 34 crímenes que se cometieron.
Otras entidades del país con una densidad poblacional importante, tampoco presentan una eficiencia aceptable. El estado de México por ejemplo, apenas resolvió el 4.6% de sus homicidios; el Distrito Federal tuvo un mejor desempeño con el 25% de los crímenes resueltos, y en Jalisco apenas se resolvieron el 11.5%.
Los narcocrímenes
A partir de la información del INEGI y de la base de datos relacionados con la rivalidad delincuencial del gobierno federal, México Evalúa estimó que de los 101 mil 199 homicidios dolosos del sexenio, el 50% estaría vinculado con hechos relacionados con el crimen organizado.
El estudio evidencia que incluso existen estados donde la mayoría de los homicidios que se cometen estarían vinculados al narcotráfico. Por ejemplo en Sinaloa, el 85.8 por ciento de los homicidios tendrían vínculo con el crimen organizado: le siguen Tamaulipas con el 85.3%; y Chihuahua con el 76.5%.
También se destaca que hay municipios que concentran la mayor parte de los narcocrímenes de su estado. Por ejemplo Tijuana acumula el 83% de homicidios por delincuencia organizada de Baja California; Torreón el 80% de los de Coahuila; Juárez el 64% de los de Chihuahua; Culiacán el 43% de los de Sinaloa; y Cuernavaca el 34% de los de Morelos.
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