La organización Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado al diputado priista Francisco Arroyo Vieyra para que retire la iniciativa de reforma al Artículo 1 de la Constitución Política, ya que pone en “grave riesgo” importantes avances normativos en protección a los derechos humanos que se produjeron “gracias” a la reforma del texto constitucional en 2011.
Amnistía destacó que con este llamado se suma a intelectuales, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil mexicana que en los últimos días han manifestado su preocupación por el debilitamiento de la protección de los derechos humanos que se produciría de aprobarse la iniciativa presentada por el priista.
Asimismo, calificó de positiva la postura que el también presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados anunció durante una entrevista radiofónica, cuando comentó la posibilidad de no defender la iniciativa, luego de que hubiera causado una “amplia consternación”, tras ser publicada el pasado 3 de enero en la Gaceta Parlamentaria.
Mediante un comunicado, AI apuntó que de no ser retirada la propuesta existe la posibilidad de que ésta sea impulsada posteriormente por otros integrantes de la Cámara; de ahí que solicite su “retiro oficial”, debido a que es incompatible con el objetivo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 y con las obligaciones internacionales que México tiene en la materia.
Destacó que quienes integran el Congreso deben asumir la obligación de armonizar el resto de la legislación de acuerdo con las obligaciones que actualmente establece el Artículo 1 constitucional y los tratados internacionales de derechos humanos, para así asegurar que todas las personas en México podrán acceder en la práctica a los derechos que estos instrumentos les otorgan.
La consecuencia de esta reforma sería de dejar sin efecto el principio pro persona consagrado en la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que garantiza la aplicación de la interpretación más favorable a la persona en caso de contradicción entre la Constitución y los tratados internacionales.
En este sentido, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro, el diputado perredista Julio César Moreno, asentó que se hará un análisis a fondo de la reforma sobre derechos humanos.
Explicó que la iniciativa que ha propuesto el PRI ya se turnó a dicho órgano legislativo, y que como todas las reformas, se le dará seguimiento y análisis jurídico para su dictaminación, por lo que pidió a las “ONG, partidos y compañeros” hacer un estudio claro y a fondo de los alcances y acotamientos del texto a modificar.
“La ley es perfectible y todos los diputados tienen el derecho de presentar las iniciativas que crean convenientes. Sin embargo, la Comisión en turno tendrá que hacer un estudio minucioso y en su caso aprobar o desechar la propuesta; sin embargo, el tema se ha convertido más en un asunto político que jurídico”, puntualizó Moreno Rivera.