El PRD solicitó a los legisladores del Congreso de la Unión revisar la Ley General de Víctimas aprobada recientemente por el Ejecutivo federal, al considerar que las atribuciones que se delegan a los municipios serán inoperantes sin una partida presupuestal destinada específicamente a cubrir los daños que sufran las víctimas de la delincuencia.
Así lo señaló Leticia Quezada, delegada de Magdalena Contreras y presidenta de la Asociación de Autoridades Locales de México A.C. (AALMAC), acompañada de Alejandro Sánchez Camacho, secretario general del PRD, tras explicar que las lagunas en cuanto a la tipificación de los delitos con los que aplica dicha ley representan un obstáculo financiero para los municipios del país.
“No se cuenta con los recursos por parte de los municipios. Muchos municipios están endeudados y con una situación así auguramos que esta ley pudiera caer en una situación de letra muerta y que podríamos incurrir en una responsabilidad inclusive penal por parte de los municipios”, dijo Quezada.
“Es tan amplia la situación de víctimas del delito que los municipios tendrán que pagar medicinas, consultas, prótesis, de lo que pueda ser de un delito que puedan denunciar los ciudadanos, los abogados victimales y la oficina de atención a víctimas. Para todo esto tiene que haber recursos”, señaló.
En este sentido, la delegada de Magdalena Contreras y ex diputada federa, consideró necesario que el Poder Legislativo pueda constituir un fondo específico para ayudar a los municipios a soportar las obligaciones contraídas con la nueva ley, ya que de lo contrario, el PRD podría solicitar una controversia constitucional para invalidar la Ley General de Víctimas.
“Las participaciones federales a los municipios están establecidas por los montos que señalan las legislaturas. Si en esos decretos no estuvo previsto lo de la ley de víctimas, tenemos un grave problema para hacer realidad lo que la propia ley subraya”, dijo el abogado Samuel González, asesor de AALMAC.
Explicó que mientras 65% del presupuesto se destina al gobierno federal, sólo 5% va a los municipios. Asimismo, indicó que mientras 90% de los delitos son locales, sólo 10% entra en terreno federal, por lo cual consideró indispensable establecer un equilibrio financiero en el reparto de obligaciones para los tres órdenes de gobierno.
El polémico camino de la Ley
Tras la aprobación de la Ley General de Víctimas en abril de 2012, el entonces presidente Felipe Calderón presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el Congreso de la Unión atendiera los comentarios hechos por el Ejecutivo en el proyecto de ley aprobado.
De acuerdo con Calderón, el problema principal de la ley es la poca precisión que señala en cuanto a las facultades que establece para cada uno de los tres niveles de gobierno, situación que dificulta su aplicación.
El sexenio de Calderón finalizó sin una resolución de la SCJN sobre dicha controversia. Al asumir el gobierno federal Enrique Peña Nieto anunció como una de sus primeras 13 decisiones que se desistiría de la controversia presentada por su antecesor.
La nueva Ley General de Víctimas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013 y entrará en vigor el 8 de febrero próximo.
Dicha ley contempla el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, restitución de sus derechos violados, debida diligencia, no repetición y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución y en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte.