Aunque la audiencia constitucional del juicio de amparo promovido por el ex gobernador de Tamaulipas Tomás de Jesús Yarrington Ruvalcaba sigue difiriéndose, la Procuraduría General de la República (PGR) -que anunció la investigación como una de las más importantes del sexenio anterior- está impedida en los hechos para ir en contra de sus cuentas o bienes inmuebles.

 

En más de seis meses, la defensa del político priista ha ganado tiempo, ante la ausencia de pruebas en contra del ex gobernador, porque la anterior gestión de PGR enviaba testados los documentos entregados al juez cuarto de Distrito de amparo en materia penal del Distrito Federal, o bien, los había enviado incompletos.

 

El juicio de amparo 692/2012 fue presentado por la defensa del ex mandatario de esa entidad del noreste del país el 25 de junio del año pasado, y el juzgado lo admitió el 28 del mismo mes.

 

Los abogados del ex gobernador de Tamaulipas, señalado por las entonces autoridades de la PGR de tener vínculos con Los Zetas, haberles brindado protección y lavarles dinero, promovieron el amparo en contra de la alerta migratoria dictada por las autoridades federales, así como para impedir un cateo en sus propiedades y en contra del aseguramiento de sus cuentas bancarias.

 

La audiencia para desahogar el juicio se había fijado para el 10 de agosto de 2012, pero a cinco meses de esa fecha, suman cinco los diferimientos de la misma.

 

Además, el juez Francisco Javier Sarabia Ascencio no ha determinado si lo ampara o no, como resultado de la actuación del Ministerio Público Federal, quien durante el final del sexenio del ex presidente Felipe Calderón, envió al menos cuatro veces los datos para sustentar las acusaciones en documentos ilegibles e incompletos.

 

Esto, de acuerdo con lo establecido en la ley, es desacato porque el juez se los demandó en más de una ocasión y volvía a enviarlos de la misma forma.

 

La actuación del agente del Ministerio Público le ha valido hasta ahora a la PGR que la defensa del político priista interponga cuatro demandas en contra de la actuación del fiscal.

 

Mientras, los tiempos corren sin que la PGR pueda actuar en contra del ex mandatario tamaulipeco, a quien se le giró una orden de aprehensión en su contra a mediados de octubre del año pasado y sigue libre.

 

La dependencia que hizo público los señalamientos de presuntos vínculos con el narcotráfico, el 22 de mayo del año pasado, tendrá que esperar con la nueva administración, para saber si la audiencia del próximo 29 del presente mes, a las 9:30 de la mañana, no vuelve a ser diferida, para conocer si el juez Sarabia Ascencio otorga el amparo o no a Yarrington, con base en las pruebas completas que aportó el Ministerio Público, pero ya en el presente sexenio.