Diputados de PRD, encabezados por Fernando Belauzarán, presentaron una iniciativa de reforma a la Constitución Política en materia indígena, con la intención de recuperar los Acuerdos de San Andrés plasmados en la llamada Ley Cocopa, a fin de recuperar los temas pendientes que no fueron aprobados en la reforma de 2001.

 

“Quedaron pendientes los temas planteados en materia de democracia y justicia, y de bienestar y desarrollo. En ese sentido es conveniente rescatar los puntos que no fueron incorporados de la iniciativa de ley formulada por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) que fue dictaminada en abril de 2001”.

 

El legislador perredista apuntó que con esta iniciativa los Acuerdos de San Andrés Larráinzar vuelven a estar a consideración del Poder Legislativo, además de que es indispensable que se abra la discusión del tema en el Congreso, con la intención de contribuir en el fortalecimiento de las comunidades.

 

Fernando Belauzarán anotó que a casi 20 años del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y de las negociaciones con el gobierno federal, el desarrollo de los pueblos indígenas es aún una “asignatura pendiente”, hecho que se manifestó en la reciente aparición de movimiento.

 

“Es fundamental hacer reformas para garantizar que los pueblos indígenas tengan accesos a las instancias de representación política y al reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de derecho público”, subrayó.

 

Sus compañeros de bancada, entre ellos su vicecoordinador parlamentario Alonso Raya, y su vocero, Carlos Reyes, agregaron que la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico, género, religión, condición social o cualquier otra también debe verse como una conquista a favor de la inclusión de los mexicanos.

 

El procurador

 

El partido Nueva Alianza, a través de su coordinadora en San Lázaro, Lucila Garfias Gutiérrez, propuso que el procurador general de la República sea designado por el Ejecutivo pero ratificado por dos terceras partes del Senado, y que su periodo en el cargo sea de siete años, con posible relección por una sola vez.

 

Asimismo, detalló que la presente propuesta legislativa tiene como objetivo y fin, la conformación del Ministerio Público “como órgano constitucional autónomo”, ya que dijo que sin autonomía y profesionalización, “el sistema judicial por más perfecto que sea, estará incompleto y no sería suficiente en la tarea de construcción del Estado de Derecho que tanto anhelamos”.

 

Garfias Gutiérrez destacó que uno de los “pocos temas” en los que hay consenso en todos los sectores sociales es el de la existencia de la corrupción, el abuso de poder e impunidad, tanto en las fuerzas policiales, como en el seno del Ministerio Público, “amén de otros funcionarios y servidores públicos”, de ahí que sea importante revisar su propuesta.