Puebla, Pue.- De cara a las elecciones de este año, el partido que recién perdió la Presidencia enfrenta otro escándalo. Legisladores y líderes del PAN admiten que el otorgamiento de permisos para operar casas de juego ha revuelto a su partido y lo coloca en una posición desfavorable.

 

El partido viene lastimado desde la pérdida de la Presidencia, la derrota en los bastiones albiazules en el país y el desdibujamiento en el DF; las pugnas internas y un refrendo de militancia que dejó ver las prácticas indebidas de afiliación masiva y que sólo 20% decidió quedarse en el PAN luego de la pérdida del gobierno.

 

Durante los últimos días, nuevos señalamientos involucran a dos panistas cercanos al ex presidente Felipe Calderón han sido vinculados con el tema de los casinos: Roberto Gil y Alejandro Poiré, el primero por haber presuntamente recibido 800 mil dólares por gestionar la apertura de un casino en Querétaro y el segundo, por haber permitido en los últimos años del gobierno calderonista un par de permisos que permitirá establecer 94 casinos.

 

Varios panistas coinciden con que a pesar de las explicaciones dadas por los panistas, estos señalamientos podrían afectar al PAN, sobre todo de cara a las elecciones en 14 estados que se libran este año.

 

El ex secretario de la extinta Secretaría de la Función Pública y ahora senador, Salvador Vega Casillas, asegura que no se pueden descartar el daño que puedan tener este tipo de acusaciones, ya que han habido muchas: “Me parece que se debe de abundar en las explicaciones, debe de quedar claro y hasta el fondo qué fue lo que pasó. Yo creo que los compañeros panistas que han sido mencionados en esto, han dado claramente su versión”.

 

Por su parte, el senador Javier Corral asegura que “cuando hay tantas acusaciones sin el menor rigor probatorio, por supuesto que afecta a la imagen de un partido”.

 

Al tratar de explicar estas acusaciones, Gil aseguró que podrían deberse a un pleito entre casineros.

 

No es el único dentro del PAN que piensa que hay algo más detrás de los señalamientos. El senador Javier Corral y Vega Casillas, coinciden en ese punto.

 

“El PAN tiene que salir a hacer un deslinde muy claro de qué está en medio de este embate, cuáles son los intereses que animan esta campaña, ¿quién está detrás de una campaña cómo ésta? porque realmente se ve como que está muy dirigida. Sí podría afectar la imagen del PAN”, asegura Corral.

 

Ayer, en el marco de la Reunión Plenaria de los senadores panistas en Puebla, el coordinador Ernesto Cordero dio el respaldo completo a Gil, no sólo a título personal, sino a nombre de la bancada, y reiteró la explicación dada por el ex subsecretario Obdulio Ávila respecto de los permisos presuntamente otorgados los últimos minutos del gobierno de Calderón.

 

“Yo creo que no hay una evidencia como la que señala la señora Talía Vázquez (la acusadora), que sea evidencia sólida y creíble de que el senador Gil recibió dinero de manera ideal. Es una calumnia que el senador Gil está demostrando y aclarando y por supuesto que tiene todo nuestro respaldo. La administración de Calderón no otorgó ninguna licencia ni ningún permiso en los últimos momentos de su administración, que todo fue absolutamente de acuerdo a lo que marca la ley y el reglamento y no hubo ningún permiso ni ninguna licencia que haya sido otorgado al final de la administración”.

 

—¿El PAN tiene la conciencia limpia en este sentido?— fue cuestionado Cordero por los medios de comunicación.

 

—Yo te diría que el PAN mientras gobernó, actuó en estricto apego al reglamento, a la ley, yo creo que los servidores públicos que tuvieron esa responsabilidad así lo han manifestado; están tranquilos, han dado las explicaciones correspondientes, y yo me quedo con esas explicaciones.

 

El día de ayer, en la Comisión Permanente, fue presentado por Ricardo Monreal un punto de acuerdo que busca instalar una comisión de investigación bicameral para obtener información sobre el otorgamiento de permisos para operación de casinos. Ahí, Gil levantó la palabra, subió a la tribuna, y no sólo se sumó a la propuesta, sino que entregó un oficio para que el Congreso o cualquiera de las comisiones que realizarán la investigación, tenga acceso a sus cuentas bancarias.