Después de un sexenio caracterizado por un alto grado de violencia de los grupos delictivos hoy no podemos ir en contra de la posibilidad de que quien sufre un delito tenga derecho a la mejor de las asistencias, a protección, a la justicia y, sobre todo, a tener un apoyo para resarcir sus derechos que de alguna manera estuvieran violados.

 

Estos principios están cubiertos por la Ley General de Víctimas y por ello la norma merece todo nuestro apoyo. Sin embargo, debemos reconocer que todo se puede perfeccionar y ahora tenemos que esperar a que se genere su reglamento, éste sí, el principal documento al que tendremos que ponerle mucha atención. Emitir un juicio favorable o desfavorable sin haberlo visto todavía, sería un gran error.

 

¿Qué es lo importante del reglamento? que sea muy explícito, al mismo tiempo sencillo pero no por eso menos poderoso, que ofrezca el paso a paso de los procedimientos que una víc- tima deba seguir, las obligaciones de la autoridad para reparar en cierta forma el daño y con ello evitar en primera instancia la revictimización por querer cumplir con la ley.

 

Esto es muy importante, porque de acuerdo con ese reglamento ya nos podremos dar cuenta si se está generando algo que sólo venda ilu- siones, en cuyo caso sí podríamos acusar que se están burlando de las víctimas o, viceversa, que se genere algo digno de aplaudir y reconocer, porque efectivamente se logra el objetivo de que una víctima no su- fra más de lo que ya fue expuesta.

 

Uno de los factores más discutidos de la ley es el aspecto de la reparación del daño. Se debe considerar que esto no puede irse de ninguna manera a planos comercializables, en donde se establezca prácticamente un tabular del delito, lo cual sería tan grave como querer ponerle precio a la vida.

 

Lo que en el Consejo Ciudadano entendemos como una compensación económica es la aplicación de mecanismos que ayuden a la víctima en el momento de la pérdida, por ejemplo con los gastos funerarios, o que coadyuve para evitar que los deudos sean presa de un aislamiento social que les impida avanzar, por ejemplo con becas para los hijos si el sostén de la familia perdió la vida.

 

De igual forma podemos pensar en terapias de rehabilitación física o de apoyos psicológicos, en fin, mecanismos que ayuden a una víctima a enfrentar de mejor manera el daño hecho por la delincuencia. Y viendo que el dinero para estos servicios salga de lo que se le decomisa a la delincuencia y no de fondos que se le van a quitar a la sociedad, estaríamos ante un mecanismo completo.

 

Finalmente, debemos apostar porque todo el mecanismo que se determine no termine en procesos burocráticos que hagan que una víctima tenga que pasarse meses esperando por el apoyo. Entonces sí, estaremos ante una ley perfecta, que sin ningún temor todos deberemos aplaudir.

 

* Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal