Legisladores del PRD y el Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del 17 consideraron que el contrato de coinversión entre Pemex Petroquímica y la empresa Mexichem, aprobado por el Consejo de Administración de la paraestatal el pasado 16 de enero, viola la Constitución al ceder a la iniciativa privada el monopolio de una área estratégica con valor aproximado de 200 mil millones de dólares.
Esto debido a que el contrato de coinversión dejaría a Mexichem con 56% de la participación frente a 44% de Pemex en la producción del cloruro de vinilo, compuesto químico a partir del cual se fabrica el PVC utilizado para fabricar productos plásticos como tuberías, revestimientos de cables y productos para empacar, luego de que la Comisión Federal de Competencia autorizara dicha “alianza estratégica” con el argumento de aumentar la producción de dicho material en la planta de Pajaritos, ubicada en el sur de Veracruz.
De acuerdo al párrafo dos del Artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, no “se podrán suscribir contratos de producción compartida o contrato alguno que comprometa porcentajes de la producción o del valor de las ventas de los hidrocarburos ni de sus derivados, ni de las utilidades de la entidad contratante”.
Asimismo, el Artículo 60 de la Ley de Pemex, fracción VI, establece que “no se suscribirán contratos que contemplen esquemas de producción compartida ni asociaciones en las áreas exclusivas y estratégicas a cargo de la nación”.
De ahí que la resolución tomada por el Consejo de Administración de Pemex haya desatado las críticas de especialistas en la materia, quienes sostienen que en los últimos dos sexenios la mala gestión de la industria petroquímica se ha utilizado como justificación para ceder la operación de bienes de la nación a empresas privadas.
Para la ingeniera Rocío Nale, experta en petroquímica e integrante del Comité Nacional de Estudios de Energía, arrendar a la iniciativa privada la planta de Pajaritos con la justificación de invertir 556 millones de dólares para producir 400 mil toneladas anuales de cloruro de vinilo resulta absurda, luego de que la Auditoría Superior de la Federación ha detectado una subutilización de 45% en el complejo petroquímico y un subejercicio presupuestal de dos mil 317 millones de pesos en la Cuenta Pública de 2010.
El órgano de fiscalización también detectó un subejercicio de mil 165 millones de pesos en la Cuenta Pública de 2011, señalando un “exceso de liquidez” de acuerdo con los resultados finales de la auditoria 179, denominada “Capacidad Productiva y Eficiencia Operativa de las Plantas de Petroquímicos Básicos y Desregulados” realizada a Pemex Petroquímica.
“Con el cambio de gobierno y antes de que se realice la fusión de un Pemex integrado, se somete por cuarta vez al Consejo de Administración, el pasado 16 de enero de 2013 y se aprueba de inmediato, estableciendo como valor patrimonial el complejo de Pajaritos en la cantidad irrisoria de 250 millones de dólares”, explica Nale, quien considera que no existe fundamento jurídico ni económico para que Pemex ceda a Mexichem el monopolio en la cadena de producción del cloruro de vinilo.
En 2004, Pemex invirtió dos mil 800 millones de pesos para ampliar la producción de la Planta de Clorados III de Pajaritos de 180 mil toneladas anuales a 400 mil. Sin embargo, las malas decisiones administrativas, denunciaron, impidieron alcanzar la meta planteada. En 2012, dicha planta produjo sólo 168 toneladas con un valor de 736 millones 560 mil pesos (menos de lo que se producía antes de la remodelación de 2004) aun cuando dicha planta podría producir alrededor de tres mil millones de pesos anuales.
“Pemex tiene paradas sus ventas mientras Mexichem está llenando el mercado de entre 180 mil y 200 mil millones de dólares, del cual Pemex cubre 20% y presenta subejercicios, una disminución en el mercado deliberada para beneficiar a la iniciativa privada”, aseguró Dolores Padierna, vicecoordinadora del grupo parlamentario del PRD en el Senado.
En este sentido, el PRD anunció que demandará la destitución de los Consejeros de Pemex que avalaron el contrato de coinversión entre la empresa dirigida por el ex banquero Antonio del Valle y la paraestatal. Esto, además de promover una controversia constitucional a través de la Cámara de Diputados con el fin de no sentar un precedente para que la paraestatal ceda la operación de instalaciones públicas al capital privado.