Aunque en lo general el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la Ley de Turismo, impugnada por el Gobierno del Distrito Federal mediante una controversia constitucional, el proyecto cuestionó la equidad en el seno del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), toda vez que los estados no tienen una representación adecuada.

 

Con seis votos a favor y cuatro en contra, el proyecto del ministro Fernando Franco González Salas declaró válida la normativa federal, en el caso de los artículos 37 y 39, y por extensión los diversos 40 y 41, consideró necesario que exista una representación adecuada de las entidades, ya que actualmente sólo está conformado por ocho estados.

 

Lo anterior significa que los restantes 24 no participan en la planeación y ejecución de programas, por lo que sus necesidades en materia turística tampoco son tomadas en cuenta en la elaboración de políticas del sector.

 

El ministro ponente advirtió que, si bien el Consejo de Promoción integrado por representantes de los sectores público y privado- es el encargado de diseñar e implementar las estrategias a nivel nacional e internacional para fomentar el turismo, también “plantea la invalidez de esto, porque deja en manos exclusivamente del gobierno federal qué entidades federativas se van a estar rotando en este Consejo”.

 

Consideró la necesidad de lograr “una rotación, que estuviera prevista en la ley, de tal manera que permitiera, sin duda, que todas las entidades federativas, eventualmente, pudieran estar participando en el Consejo, lo que establecería un factor de matiz importante para considerar la constitucionalidad”.

 

En mi opinión –dijo- lo que genera la invalidez de estos preceptos es que este Consejo, más allá de su integración no le genera una certeza a las entidades federativas de su representación y, consecuentemente por ello, el proyecto estima que esta parte debe invalidarse.

 

El Consejo de Promoción Turística está integrado por un representante de la Secretaría de Turismo, uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, uno del Fondo de Turismo, ocho rotatorios por cada tres años de las entidades federativas, cuatro rotatorios por tres años de los municipios turísticos y 14 representantes de organizaciones que tienen que ver con la actividad de servicios turísticos.

 

Con lo anterior, se busca lograr que en dicha ley se dé certeza de cómo van a participar rotativamente esas entidades, que pueden tener un interés importante por su actividad turística.

 

“Recordemos que en México hay más de ocho entidades que tienen una actividad turística sustancial”, subrayó.

 

A este punto, que no se terminó de votar ayer en la sesión pública del pleno, se sumaron a favor de determinar la invalidez, los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Olga Sánchez Cordero.

 

Con lo anterior, con el voto a favor del ponente, sólo requieren un voto más en la sesión de mañana jueves para determinar la invalidez de esos artículos.