La liberación de la francesa Florence Cassez deja deudas pendientes en México por las posibles responsabilidades políticas y la situación de muchos mexicanos presos cuyos derechos procesales tampoco se han respetado.

 

“México es un país que vive en la impunidad”, dijo  el representante de Amnistía Internacional en México, Daniel Zapico, al referirse al caso de Cassez, que fue liberada anoche en esta capital después de siete años en prisión.

 

Cassez fue condenada a 60 años por su responsabilidad en varios secuestros y otros delitos, pero su detención y su proceso estuvieron rodeados de tales irregularidades que llevaron a la Corte Suprema a dictar el miércoles su liberación.

 

“No es el único caso que se da, son muchos los casos en los que hemos visto de falta de respeto a las garantías procesales mínimas y falta de respeto al debido proceso”, afirmó Zapico.

 

“Si no se investiga adecuadamente, si no se procesa adecuadamente, la impunidad va a permanecer”, agregó.

 

Los argumentos utilizados por la Corte Suprema para dejar libre a Cassez incluyen el montaje televisivo que se hizo un día después de su arresto, como si estuviera siendo detenida en ese momento, algo que reconocieron en su momento las autoridades mexicanas.

 

También formó parte del legajo una falta de asistencia consular que tendría que haber recibido Cassez en los tiempos legales, y la defensa argumentó que algunos testimonios estaban en contradicción y se había “construido” el caso para declararla culpable.

 

No hay datos sobre la cantidad de reclusos mexicanos cuyos derechos procesales han sido violados, al igual que con Cassez, pero Amnistía Internacional considera que en los casos que ha llevado “muchas veces” los afectados pertenecen a grupos marginados.

 

La agrupación también llamó la atención sobre la necesidad de respetar los derechos de las víctimas.

 

“Las víctimas tienen derecho a la justicia. Es obligación de los ministerios públicos y de la policía hacer su parte para hacer procesos justos que garanticen la justicia”, indicó Zapico.

 

La ONG México Unido contra la Delincuencia, al comentar el caso de Cassez, también llamó la atención sobre los derechos de los víctimas, y se preguntó: “¿Cuántos mexicanos, que no tuvieron derecho a un debido proceso penal, viven en las cárceles?”

 

“El caso Cassez lleva a reflexionar sobre la terrible situación que vive en México nuestro sistema de procuración, impartición y administración de justicia: estamos ante la ausencia de un verdadero Estado de Derecho”, agregó la ONG.

 

Según sus datos, entre el 98 y el 99 por ciento de los delitos que se cometen en México quedan impunes.

 

Con información de EFE