A casi un mes de que el Congreso de la Unión solicitara una investigación e información a las diversas dependencias involucradas con el desarrollo de Dragon Mart, no ha sido atendida.
Ante la creciente inquietud generada por el proyecto entre pobladores, ambientalistas, industriales y autoridades locales del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, la diputada Graciela Saldaña Freyre urgió al Gobierno Federal a informar los resultados de la investigación que se le solicitó.
Advirtió que la pretensión de construir 722 viviendas para la residencia de tres mil empleados chinos sería ilegal porque no cumpliría con el Programa de Reordenamiento Local.
Por su parte, Julián Ricalde Magaña, alcalde de Benito Juárez, consideró existe gran preocupación por el impacto en otros rubros, como el urbano, el social y el de movilidad porque con este proyecto prácticamente se estaría creando una nueva ciudad.
“En sus 44 años de existencia, Cancún arrastra un permanente y creciente pasivo en servicios. La ciudad no puede seguir creciendo a ese ritmo”, puntualizó