EL CAIRO. Los actos de violencia prosiguieron ayer en la capital y otras ciudades de Egipto pese al estado de emergencia y el toque de queda impuestos por el presidente del país, Mohamed Mursi, en tres provincias del canal de Suez.

 

La situación parece haberse desbordado en el centro de El Cairo, donde una persona murió por las heridas sufridas durante los choques entre policías y manifestantes en las inmediaciones de la plaza Tahrir.

 

Miles de personas se congregaron en Tahrir en protesta contra Mursi y la violencia, horas después de que los opositores marcharan con ese mismo objetivo hacia el Parlamento y recordaran a los fallecidos desde la revolución en un rezo colectivo.

 

Mientras, otras tres personas murieron ayer por las heridas sufridas en los recientes choques de Port Said, intensificados tras la condena a muerte de 21 acusados por la masacre de hace casi un año en el estadio de fútbol local, lo que elevó a cuarenta el número de muertos en esa localidad del noreste del país.

 

La ola de violencia que desde el viernes pasado -cuando se conmemoró el segundo aniversario de la revolución- se ha cobrado la vida de medio centenar de personas en Egipto llevó ayer al presidente egipcio a imponer el estado de emergencia y el toque de queda en las vecinas provincias de Port Said, Suez e Ismailiya.

 

Algunos grupos juveniles anunciaron que desafiarán estas medidas excepcionales con nuevas manifestaciones nocturnas en las que expresarán su “ira” hacia Mursi y los Hermanos Musulmanes

 

En el terreno político, el Frente de Salvación Nacional -FSN, el principal grupo opositor no islamista- rechazó hoy participar en el diálogo nacional propuesto por el mandatario, que finalmente se reunió con partidos islamistas afines y algunas figuras independientes.

 

El FSN prefirió poner una serie de condiciones antes de sentarse a la mesa de diálogo, entre ellas el cese de la violencia y del estado de emergencia, la creación de un gobierno de unidad y la modificación de la Constitución.

 

Por su parte, la Cámara alta del Parlamento o “Shura”, que ejerce actualmente el poder legislativo tras la disolución de la Cámara baja, aprobó la declaración del estado de emergencia por treinta días emitida por Mursi y la reforma de la ley por la que se permite al Ejército velar por la seguridad en el país.

 

Esta norma implica que las fuerzas armadas podrán detener a civiles que atenten contra personas o propiedades, y ponerlos a disposición de la Fiscalía para que sean juzgados ante tribunales civiles.

 

Además, se autoriza la cooperación del Ejército y la Policía para proteger las instituciones vitales del estado, según una ley que estará en vigor hasta que terminen las elecciones legislativas, previstas para los próximos meses.