El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Sergio Arroyo García, aseguró que en el caso de la instalación de una tienda Walmart cerca de la zona de Teotihuacán, el instituto actuó conforme al procedimiento de salvamento arqueológico.
Al comparecer ante Segunda Comisión de la Permanente por el caso, precisó que el procedimiento fue avalado por diversas instancias, las cuales descartaron la presencia de vestigios en la zona.
Arroyo propuso trabajar en dar más atribuciones al instituto para que pueda participar de forma activa en los planes de desarrollo urbano en los municipios en los que existan ruinas arqueológicas, así como en las áreas colindantes.
El funcionario afirmó que “el INAH no tiene injerencia para dar permisos o autorizar cambios de uso de suelo; no tenemos control sobre cadenas comerciales”.
Puntualizó que se perforaron 120 pozos en el área donde se levantó el comercio para no dejar dudas sobre la presencia de vestigio alguno, aunque advirtió que la mancha urbana en San Juan Teotihuacán, al igual que en otras poblaciones, crece impulsada por grupos políticos.
En este marco los integrantes de la Segunda Comisión (Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública) se pronunciaron por dotar de mayores facultades al INAH para que tenga injerencia en los planes de desarrollo urbano y cambio en uso de suelo.
Esto con el objetivo de que tenga injerencia en los cambios de uso de suelo que se realicen en zonas arqueológicas y solicitó conocer si existen más tiendas pertenecientes a cadenas comerciales en San Juan Teotihuacán.
A su vez el senador José María Martínez Martínez, del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que más allá de ser un asunto ideológico se trata de una presunción de corrupción, expuesta desde el Senado de Estados Unidos.
“El caso de Teotihuacán no es el único que hay; existen más casos similares en el país. El INAH debió haber defendido la no instalación de esta tienda”, opinó.
El diputado Raymundo King de la Rosa, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pidió saber si hubo terceras instancias que confirmaran el dictamen del INAH, que afirmaba que no existía vestigio arqueológico alguno en el lugar.
En el mismo sentido la senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, también del PRI, pidió que el INAH muestre el estudio realizado por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) que avala el dictamen del instituto.
Asimismo la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del PAN, solicitó conocer qué mecanismos usa el instituto para la protección de la zona arqueológica de Teotihuacán y cuáles considera necesarios para que este tipo de áreas se mantengan seguras.
Esto debido a que, en su opinión, “existen lagunas que permiten que se afecte el patrimonio de los mexicanos”.
Por último el senador perredista Fidel Demédicis Hidalgo expuso que hubo una presunta modificación a los mapas que limitaban la zona arqueológica lo que, subrayó, “pone en duda la honorabilidad de varios servidores públicos”.