La Procuraduría General de la República integra dos averiguaciones previas vinculadas a los presuntos sobornos otorgados por la empresa Conproca a funcionarios de Pemex Refinación, desde que se licitó la modernización de la refinería ubicada en Cadereyta.

 

Funcionarios del gobierno federal sostuvieron que en uno de los expedientes se investiga cómo se entregaron regalos y pagaron dádivas a servidores públicos que se encontraban en la dirección de Pemex Refinación y en la de Desarrollo de Proyectos de la paraestatal, así como en el área jurídica y en la administrativa.

 

De acuerdo a esa información se ha revisado a quienes estuvieron involucrados en la elaboración y emisión de la licitación de Cadereyta y en otras en las que ganó Siemens y Conproca; lo mismo funcionarios del área administrativa que autorizaron pagos injustificados, en la parte legal que no revisaron los contratos y tampoco atendieron debidamente los juicios.

 

Las fuentes comentaron que ya no es posible acusarlos de delitos cometidos por servidores públicos como ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias, porque en su momento ni la Secretaría de la Función Pública ni Pemex presentaron las denuncias correspondientes.

 

Sin embargo, explicó uno de los funcionarios consultados, se logró confirmar que los sobornos, que se traducen en cohecho y enriquecimiento ilícito, se trata de delitos continuados, porque los funcionarios públicos señalados siguieron dentro de Pemex Refinación recibiendo sobornos en especie o dinero, por otorgar otros contratos a esas empresas.

 

Las fuentes no quisieron precisar los nombres de los funcionarios a los que ya se identificó, a través de transferencias bancarias y compra de bienes, los presuntos beneficios obtenidos.

 

Entre las personas que han sido investigadas tanto por las autoridades administrativas como penales, se encuentran Francisco Martínez Toscano, quien fuera subdirector de Producción y en 1998 recibió un apercibimiento privado por violación a leyes y normatividad presupuestal; así como Dionicio Octavio González Rojo, quien fuera gerente de la Refinería “Ingeniero Héctor R. Lara Sosa” en Cadereyta y que fuera suspendido durante un mes a partir de noviembre del año pasado, por negligencia administrativa.