Moodys de México no descartó nuevos casos de incumplimiento de pagos en algunos estados y municipios, dados sus deterioros financieros, pero precisó que esto no será generalizado ni representa un riesgo sistémico para el sector.

 

El analista de Moodys de Gobiernos Subsoberanos para México, Francisco Uriostegui, dijo que aunque estos gobiernos locales tratan de corregir sus desequilibrios, estas medidas no representan una solución a largo plazo y sólo van a postergar el problema.

 

“No descartamos que en el futuro cercano se presenten nuevos casos de incumplimiento”, argumento el directivo al insistir que éstos no representan un vínculo de contagio ni hay razones macroeconómicas para considerar que podrían generalizarse en el sector.

 

En audio conferencia, anticipó que en un plazo de hasta tres meses, Moodys de México podría tomar más acciones de calificación entre los gobiernos locales que actualmente presentan perspectiva negativa o están en revisión para posible baja.

 

Uriostegui afirmó que los recientes casos de incumplimiento no representan un riesgo mayor para el gobierno federal el cual, destacó, ya ha confirmado su política de no rescatar a estados y municipios.

 

Incluso, en un escenario en que el gobierno federal cambiara su postura, consideró, la deuda subsoberana no representaría más de 2.6 por ciento del PIB y alcanzaría sólo 10 por ciento del total de la deuda del gobierno federal.

 

En un caso hipotético de rescate de los gobiernos locales, esta medida “no afectaría la calificación del gobierno soberano”, pues la deuda total del gobierno federal es de 27.7 por ciento del PIB y si tomara la de estados y municipios ascendería a 30.3 por ciento, “lo cual es un número muy pequeño”, argumentó.

 

Explicó que el deterioro e incumplimiento registrado recientemente en algunos estados y municipios obedece a una fuerte contracción de liquidez o recursos, que en algunos casos llegó a tal grado que generó una crisis y provocó el retraso en el pago de algunas deudas de corto plazo.

 

Sin embargo, acotó el analista de Gobiernos Subsoberanos para México de Moodys, “no identificamos que la contracción de la liquidez refleje un riesgo sistémico mayor”.

 

La débil disciplina fiscal, en combinación con el incremento de gastos operativos, fue lo que produjo el fuerte deterioro en las finanzas de muchos estados y municipios, aunque son casos específicos, precisó.

 

Expuso que la deuda a corto plazo y el crecimiento de las cuentas por pagar fueron el principal instrumento de financiamiento que utilizaron estos estados y municipios para suplir los déficits registrados.

 

En algunos casos, lo que generó el incumplimiento fue la falta de liquidez o recursos para cumplir con sus obligaciones, y en otros casos la incapacidad para refinanciar esos mismos cortos plazos.

 

Mencionó que en los últimos cinco años se incrementaron los déficits de estados y municipios, y en ello el periodo electoral de 2012 representó una presión extraordinaria, lo que pudo contribuir a generar los eventos recientes de incumplimiento.

 

No obstante, precisó Uriostegui, este problema ha sido resultado de las decisiones deficientes que han tomado algunos estados y municipios respecto a la administración de sus recursos, lo que contribuyó a que se incrementaran los desequilibrios financieros.

 

El monto de los incumplimientos de pago recientes en obligaciones de corto plazo fue menor al 2.0 por ciento de los ingresos totales de las entidades, lo que confirma que se trata de una situación de liquidez y no de un problema de insolvencia a largo plazo.

 

“No es el tamaño ni el costo de la deuda a largo plazo lo que ha detonado esos incumplimientos”, subrayó el directivo al precisar que a la fecha, los créditos a largo plazo respaldados con fondos federales se han desempeñado positivamente y este tipo de deuda representa alrededor de 90 por ciento de las obligaciones en el sector.

 

Las deudas a largo plazo han crecido de forma acelerada en los últimos cuatro años, pero el costo del financiamiento relacionado con las mismas se ha mantenido constante y en niveles manejables.

 

En este escenario, consideró que el fortalecimiento del marco institucional que llevará a cabo el gobierno federal para limitar el endeudamiento de las entidades debería ayudar a evitar los problemas de liquidez, que han derivado en el incumplimiento de algunos gobiernos locales.

 

En materia de calificaciones, refirió que los gobiernos estatales y municipales mexicanos se concentran en el grado especulativo, específicamente 68 por ciento de los estados y 87 por ciento de los municipios tienen calificaciones en ese grado.

 

Las calificaciones de Moodys evalúan no sólo la probabilidad de incumplimiento, sino también la pérdida esperada en el caso de que ello ocurra, y a la fecha 30 por ciento de los emisores calificados se encuentra en perspectiva negativa o bajo revisión.

 

Esto significa que la evaluadora ve presiones en el corto plazo que podrían significar una baja de calificación.

 

Así, de las 25 entidades federativas que califica Moodys, los que tienen perspectiva negativa o en revisión y que serían susceptibles de una baja en su nota son Baja California, Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Morelos, Nayarit, Jalisco y Quintana Roo.

 

En tanto, de los 47 municipios calificados, los que tiene perspectiva negativa o en revisión son Guadalajara, Coatzacoalcos, Manzanillo, Tlaquepaque, Durango, Ixtapaluca, Mexicali, Acapulco, Benito Juárez (Cancún), Sultepec, Tuxpan, Zapotlán el Grande, Coacalco, y Naucalpan.