Si bien la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) celebró la reforma educativa aprobada por el Congreso, considera que se ignoraron “temas prioritarios” como la participación de las organizaciones civiles en la toma de decisiones educativas y precisar que la permanencia de los maestros esté jurídicamente ligada con los resultados de la evaluación.
Un estudio elaborado por la presidenta de la Comisión Nacional de Educación del organismo empresarial, Xóchitl Lagarda, cuestiona además que no está claro el “concepto de calidad educativa”, ni tampoco qué aspectos evaluará el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE).
Pero además, señala que en el tema de transparencia y rendición de cuentas la reforma “no se menciona nada del gasto público y en el Pacto por México se mencionan diversos programas que no explican de qué manera se cubrirán esos gastos…”.
Para este año, la Secretaría de Educación Pública (SEP) recibió 250 mil millones de pesos, lo que significa nueve mil millones menos que el año anterior. Sin embargo, en el presupuesto sólo aparecen algunos temas de la reforma, y tampoco se ha explicado cómo se gastarán.
Ayer, durante su participación en la presentación del Índice de Desempeño Educativo Incluyente (IDEI), Miguel Székely, investigador y ex subsecretario de Educación Media Superior, planteó que en las leyes secundarias se incluyan los puntos no incluidos en la reforma constitucional y que ésta no se quede en “letras doradas sobre el mármol”.
El documento elaborado por la Coparmex puntualiza que a pesar de las “presiones sindicales”, existen retos que deberá afrontar la reforma para “que no se quede solamente en el cambio constitucional con cambios graduales o mínimos en la Ley de Educación”.
En este sentido, el organismo empresarial indica que se debe precisar la articulación del Servicio Profesional Docentes para que la evaluación sea obligatoria y que la permanencia de los maestros esté jurídicamente ligada con los resultados y tenga consecuencias.
En este mismo sentido, Székely aseguró este martes que no se puede permitir que un maestro mal evaluado siga al frente de un salón de clases, por lo que necesitan una solución para removerlo y colocar a otro que sí esté apto para dar clases.
En el mismo evento, Claudio X. González Guajardo, ex vicepresidente corporativo de Televisa y presidente de Mexicanos Primero, dijo que el tema de la permanencia de los docentes no constituye una agresión a sus derechos, pero se debe garantizar que los niños cuenten con una educación de calidad.
Sobre este punto, la Coparmex subraya que no existe un concepto regido por las leyes ni tampoco indicadores para medirla, aunque los empresarios y las organizaciones civiles han insistido en una educación “de calidad”.
Por otro lado, el análisis de los empresarios pide que se consideren la opinión de las organizaciones civiles relacionadas con la educación de manera regulada.
Székely propuso que las autoridades acrediten a las organizaciones que realizan mediciones externas, para que participen en el establecimiento de metas y la verificación de su cumplimiento.
“Si se reconocen las instituciones y las metas se podría cerrar la brecha entre el análisis y la acción. De otra manera no hay quien verifique”, expuso durante el evento.
En entrevista posterior, González Guajardo aseguró que no necesitan un reconocimiento social para seguir trabajando, pero si los requieren pueden contribuir con los análisis y la presión para que se cumplan los objetivos. “Nosotros vamos a seguir en nuestra labor”.
Defiende Mexicanos Primero transparencia de sus programas
Claudio X. González Guajardo, presidente de Mexicanos Primero aseguró que los programas de la organización son “absolutamente transparentes” y “están totalmente auditados”.
El empresario y representante de la organización respondió así al ser cuestionado en torno a la exigencia del SNTE y su dirigente Elba Esther Gordillo, de que sean auditados los recursos privados que se destinan a la educación. “Están publicados en Mexicanos Primero”, subrayó.
“Lo que queremos es que como nosotros auditamos y cuidamos los recursos, queremos que se cuiden y auditen los recursos gubernamentales, y que también se transparenten los recursos sindicales”.
Entrevistado al término de la presentación del Índice de Desarrollo Educativo Incluyente, y a pregunta expresa, González Guajardo rechazó asimismo ser enemigo de Gordillo Morales. “En absoluto soy su enemigo. Sí soy enemigo de prácticas viciadas, abusivas, corporativas, controladoras y antidemocráticas del sindicato, contra esas prácticas sí. Contra el sindicalismo no, porque hay que defender los derechos de los trabajadores”.
En septiembre de 2011, Gordillo Morales señaló al empresario como uno de los “críticos y adversarios del SNTE”. GABRIELA RIVERA