CHILPANCINGO. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) integró averiguaciones previas por la retención de más de 50 personas por parte de grupos llamados de autodefensa contra la inseguridad en el municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de esta entidad.
La titular de la PGJE, Martha Elba Garzón Bernal, informó en entrevista que los familiares de las personas retenidas, más de 50, de acuerdo con los datos, han presentado denuncias penales para que se sancione conforme a la legalidad a quienes han privado de la vida a sus consanguíneos.
Sin revelar más detalles, Garzón Bernal afirmó que se llevan a cabo las investigaciones para determinar el procedimiento a seguir por los hechos.
De la condición de los retenidos, indicó que se desconoce porque a la autoridad no se le ha permitido el acceso, ni acercamiento a los mismos.
Añadió que los grupos de autodefensa no están facultados para enjuiciar, ni sancionar, esa, afirmó, es una responsabilidad de las instituciones con base a una investigación minuciosa, pero además es una tarea que lleva su tiempo.
Entre los retenidos se encuentran: Rafael Vargas Jijón, líder de los transportistas de Ayutla de los Libres; Agustín Vargas Jijón, Ociel Vargas Chávez y Armando Vargas Carrillo, por supuesta complicidad en el secuestro del comisario de la localidad de Rancho Nuevo, municipio de Tecoanapa, Eusebio Alberto García.
Asimismo, de acuerdo con datos extraoficiales, entre los retenidos también hay elementos de la policía municipal, vinculados presuntamente con grupos ilícitos que operan en la región de la Costa Chica.
Desde el pasado 5 de enero los grupos de autodefensa de Ayutla de los Libres han ubicado en las localidades de El Mesón, Azozuca y Atotoluca casas de justicia para recluir a las personas retenidas, presuntamente vinculadas con acciones ilícitas, hasta el momento más de 50 personas.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Jesús Martínez Garnelo, aseguró que dentro de la Ley 701 de la cual se acogen los grupos de autodefensa, no se establece la figura de ningún tribunal popular, como se impulsa por los inconformes.
Consideró necesario buscar vías para adecuar la actuación de los grupos en mención, pero particularmente de la Policía Comunitaria, de regularlo a un nuevo marco jurídico, porque la ley no tiene figuras de corte procesal ni en sus 74 artículos, ni en sus cinco transitorios que la conforman.