Los diputados priistas concluyeron ayer su reunión plenaria para definir sus posturas del próximo periodo ordinario de sesiones.
Esta agenda contiene al menos ocho puntos que podrían empatar con algunos suscritos en el Pacto por México, tales como la reglamentación de la reforma política, la reforma a la ley de amparo, la acotación de fueros constitucionales y el impulso a un Código Penal Único en todo el país, sin embargo, Beltrones aseguró que la agenda legislativa en el Congreso no tiene que ser la misma o la única de lo que el pacto suscribe.
Luego de que en el sector de la izquierda causara ámpula el tema de la reforma energética, la agenda política del grupo parlamentario del PRI en San Lázaro pondrá a revisión reformas en esta materia, las cuales incluyen la búsqueda de la participación de la asociación privada en procesos secundarios de la industria petrolera.
Los diputados priistas y ecologistas promoverán de manera conjunta reformas que buscarán impulsar la exploración y producción de hidrocarburos así como de gas seco que permita la reducción de los precios del petróleo y la energía eléctrica.
Los 241 diputados priistas y los 27 ecologistas también impulsarán ampliar las facultades de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Al respecto, el coordinador de la fracción parlamentaria tricolor, Manlio Fabio Beltrones, aseguró que el PRI no entrará en el debate que ha puesto sobre la mesa la izquierda, el cual sostiene que la reforma energética podría buscar privatizar a la empresa paraestatatal Pemex.
“Declaramos de manera contundente que no entraremos nunca en ese falso debate sobre si se pretende privatizar o no a la industria petrolera nacional, a Pemex, determinantemente no. Lo que buscamos es modernizar en buena parte la misma, para poder potenciar la competitividad en México, a través de energía barata que nos permita generar inversión, generar empleo y con esto mejorar la desigualdad tan agravante que tenemos en el país”, aseguró el priista.
Esta fracción buscará subir a la mesa de discusión varias reformas que fortalezcan capacidades y recursos hacendarios de los municipios y la ley de responsabilidad hacendaria para estados y municipios, una de las cuales se encuentra en construcción por parte del Consejo Rector del Pacto.