Hoy se conmemora la Constitución y es un buen momento para preguntarse cual es su vínculo con la vida cotidiana de los mexicanos. La Carta Magna es un documento aspiracional. Describe al país que se quería construir a principios del siglo XX y que en poco coincide con los retos que se viven hoy. Es una carta de promesas incumplidas. Esboza un modelo de país y un camino para acceder, pero por su edad, omite elementos que hoy son fundamentales y que no se podían visualizar en 1917. A pesar de los parches, ha sido rebasada por la realidad.
Por ejemplo, para subsanar las culpas de la guerra, en su primer artículo se incluyó el derecho de los mexicanos a gozar del respeto de sus derechos humanos y de las garantías para su protección. Sin embargo, sus violaciones han aumentado en más de 500% en los últimos años. Se disparó la tortura y las ejecuciones. Los mexicanos nos matamos los unos a los otros sin saber quien mata ni quien muere. Pero la constitución no especifica qué hacer en conflictos no reconocidos como tales. Negamos la guerra y simulamos una batalla entre “buenos” y malos” que deja los preceptos constitucionales y los derechos humanos en el olvido.
Ese mismo artículo establece que “el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley” sin embargo cuando la SCJN exige honrar la constitución, se le insulta y se le reclama, como sucedió con el caso Cassez. La sociedad le cree más a la televisión que a las autoridades, pero la Carta Mana no especifica qué hacer ante la manipulación mediática de la opinión pública.
El artículo segundo establece los derechos y garantías de los pueblos indígenas. Se les promete respeto a la configuración de sus comunidades y formas de gobierno, se les garantiza educación, salud, proyectos productivos, mejores comunicaciones, espacios y actividades de esparcimiento y partidas presupuestales. Sin embargo, estas comunidades mantienen los mayores índices de pobreza y rezago social del país.
Lo mismo pasa con la obligación del estado a proveer educación, servicios de salud, vivienda o la garantía de generar “empleos dignos”.
El análisis aplica para todos los capítulos: las relaciones iglesia –Estado, la autonomía municipal o la relación entre poderes. Está llena de buenas intenciones pero omite elementos primordiales de la actualidad para garantizar el desarrollo nacional. Por ejemplo, no incluye a la “Ciudad” como figura jurídica, a pesar de que 80% de los mexicanos vivimos en zonas urbanas. Es decir, la forma de organización social más importante de nuestros días no está contemplada.
La Carta Magna pretende regular todos los aspectos de la vida nacional como se concebía en 1917, pero está muy lejos de nuestra realidad. Urge repensarla entendida como modelo de país porque sumar más parches solo aumenta su disfuncionalidad.
Su inmovilidad muestra la falta de consenso sobre el país que queremos ser. Sus cambios recientes reflejan más las ocurrencias y las culpas de los dirigentes que una visión seria del país que queremos construir.
El Pacto es un buen intento para delinear la ruta de reconstrucción del país. Se logró consenso en la priorización de temas pero no se han alineado las necesidades de los actores políticos. El PRI debe adaptarse rápido al entorno democrático si quiere recuperar su rol de constructor de instituciones. De lo contrario nos mantendremos en la simulación institucional de las aspiraciones constitucionales.
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