Para el jurista Diego Valadés, los principales errores que se han cometido en el terreno jurídico en las últimas semanas -como en el caso de la Ley de Víctimas y el de Florence Cassez-, derivan básicamente de no haber medido el impacto político de las decisiones.
Respecto del escándalo del IFAI, considera que si para mantener el nivel de confianza que requiere de la sociedad ese instituto es necesario cambiar a todos sus integrantes, “habrá de verse así”.
Pero lo que más preocupa al ex procurador general de la República y ex ministro de la Suprema Corte es lo arcaico de nuestras instituciones: “Si vemos una por una, encontraremos que hay fallas generalizadas” y la tendencia es a aumentar su intensidad.
¿HA HABIDO ERRORES EN LA ASESORÍA JURÍDICA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA?
Yo no veo básicamente problemas en cuanto a la asesoría jurídica del Presidente, lo que veo son errores en cuanto al impacto político de las decisiones. En el caso de la Ley de Víctimas no se tuvo presente, en primer lugar, que ya el costo de la impugnación de esa ley correspondía al gobierno anterior.
¿ENRIQUE PEÑA NIETO TENÍA OTRA SALIDA?
Sí, yo creo que él hubiera podido muy bien decir que la ley había sido ya impugnada por su antecesor y que él enviaría en su momento una nueva iniciativa para la protección y resarcimiento de los derechos de las víctimas. No lo hizo. Y creo que sí se perdió una oportunidad política. De todas maneras, todos hemos aplaudido la decisión presidencial de proteger a las víctimas, aunque muchísimos hemos considerado que tiene muchos errores esa ley. Pero son errores subsanables y todo indica que en esa dirección se está caminando en este momento.
¿LA ACTITUD DE LA MINISTRO OLGA SÁNCHEZ CORDERO EN EL CASO DE FLORENCE CASSEZ FUE MÁS POLÍTICA QUE JURÍDICA?
No, porque ella en la ocasión anterior, cuando presentó el ministro Zaldívar su proyecto, opinaba en el mismo sentido que el ministro Zaldívar y fue lo que hizo también ahora. Es cierto que ella votó en tercer lugar, pero quien cambió la orientación de la sala fue el ministro Gutiérrez Ortiz.
¿FUE UN ERROR LA RESOLUCIÓN DE LA SCJN?
No podemos hablar de aciertos ni de errores en las resoluciones de los ministros; podemos coincidir o discrepar. Pero lo que no se está viendo es el verdadero fondo del asunto. Hubo unanimidad en la Corte, entre los cinco ministros, reconociendo irregularidades graves que se habían cometido durante el enjuiciamiento de la señora Cassez. Y esa irregularidad es la que hay que subrayar y es la que habrá que investigar. Lo que no se puede admitir es que un problema que fue reconocido como real por los cinco ministros, que fue la serie de infracciones cometidas con motivo del proceso al que fue sometido la señora Cassez, quede sin investigación.
¿LA LABOR DE LAS POLICÍAS?
Así es. ¿Hubo errores, o hubo acciones deliberadas para modificar el sentido del proceso, para modificar los testimonios que se vertieron? Habrá que distinguir, siempre puede haber un error. Si hay delitos contra la administración de la justicia, tiene que precisarse. Y delitos contra la administración de justicia tienen no sólo que ser investigados y ser sujetos a juicio a su vez. Pero no nos anticipemos. Lo que necesitamos los mexicanos es saber si hubo delitos contra la administración de la justicia. Que hubo irregularidades, ese sí es un hecho claramente establecido por la Corte. Y ahí sí, los cinco ministros fueron unánimes. De manera que este es un asunto que todavía tendrá que seguirse ahondando si es que queremos tener confianza en nuestras instituciones.
PODRÍA VERSE COMO PERSECUCIÓN AL PASADO.
Debe superarse la idea de que no se hagan investigaciones sobre el pasado porque se considere que es una forma de persecución. Yo no estoy a favor de que todo lo que ha ocurrido en el pasado se tenga que ventilar en el presente, pero este no es un asunto del pasado, es un asunto del presente, porque la resolución de la Corte es actual y porque los efectos de esa resolución lo estamos viviendo nosotros en este momento. No se trata por tanto de algo que haya pasado, sino de un caso que sigue pasando.
¿QUÉ PIENSA DEL ESCÁNDALO EN EL IFAI? ¿DEBEN SUSTITUIRSE SUS INTEGRANTES?
Se tiene que hacer un análisis muy objetivo. No puede ser una decisión partidizada de no cambien a nadie, o cambien a todos. Creo que tiene que haber una reflexión pública y una valoración de cómo estamos percibiendo los ciudadanos a ese instituto. En el caso del IFE se demostró que el cambio resultó positivo, entre otras cosas porque la sociedad mantuvo su alto nivel de confianza en esa institución. Mi impresión es que la percepción que se tiene del IFAI hoy es de menor confianza a la que podía tener hace algunos meses porque ya hay dudas en la opinión pública acerca del desempeño de algunos de los integrantes de esa institución y porque, independientemente de que todos sean respetables en el terreno ético, se ha visto que hay fracturas internas que se pueden traducir en la desconfianza que los solicitantes de información tengan en cuanto a la objetividad de las resoluciones del IFAI. De manera que si para mantener su aceptación pública y el nivel que confianza que debe inspirar en la sociedad es necesario el cambio de todos sus integrantes, habrá que verlo así.
¿ES ADECUADA LA FORMA DE ELECCIÓN DE SU PRESIDENTE?
Ese es un problema común en el IFAI y la Corte. La “politización” interna lleva a un proceso interno de polarización cuando se llega al momento de designar a un presidente. Eso no sucede en el IFE porque el presidente es designado directamente por la Cámara de Diputados. En el IFE no se tienen que construir grupos internos, dirimir conflictos de poder como sí ocurre y se vio claramente en el IFAI. Por lo mismo, es un error en la construcción del IFAI. Debería tener otro mecanismo: o bien una presidencia rotatoria para que los cinco integrantes, o los siete, sean presidentes en algún momento; o bien reducir el periodo para el que cada presidente es elegido, de un año o seis meses, porque finalmente los presidentes sólo deben tener funciones referidas a la organización del debate y no representan una posición privilegiada entre pares.
¿ES SÓLO UN PROBLEMA DE PROCEDIMIENTO?
Ese tema ya no es sólo de los procedimientos de designación sino que es un tema que incide en la percepción general que tenemos de las instituciones y en su nivel de desempeño. Estoy convencido de que en este momento en México tenemos un déficit institucional porque no está fallando una institución y están funcionando bien las demás. Si vemos una por una, encontraremos que hay fallas generalizadas. Hay que hacer una revisión profunda del sistema institucional mexicano.
PERO EN LAS CÁMARAS SE PARTIDIZA TODO.
Se desconfía de las designaciones que se hacen en el Congreso porque han partidizado. Esto significa de entrada que la partidización es algo negativo, lo cual significa que desconfiamos de los partidos, del sistema representativo. ¿Qué hay que hacer? Modificar el sistema de partidos y modificar el sistema representativo porque en ningún sistema, en ningún país, podremos encontrar formas de designación perfectas. Siempre tendremos que considerar que para las designaciones en las que intervienen voluntades políticas como son las expresadas por un gobierno o un Congreso, tiene que haber niveles mínimos de confianza en cuanto a objetividad de sus funciones.
¿Y SI SE TRASLADARAN A LOS CIUDADANOS?
Si dijéramos que todas las decisiones tenemos que tomarlas nosotros los ciudadanos, entonces la politización la atraeríamos hacia nosotros. Por ejemplo, si dijéramos que los ministros de la Corte ya no sean designados por el Presidente y por el Senado, sino por las universidades y las asociaciones de profesionales de abogados, bueno, pues entonces lo que haríamos sería trasladar todo el proceso de politización a las universidades y a las asociaciones de abogados, y pronto éstas comenzarían a funcionar como están funcionando en este momentos los partidos. También habría quienes tienen más votos, quienes dirían ‘ahora pones tú a uno, luego pongo yo a otro’. De manera que lo único que haríamos sería trasladar el mismo nivel de politización a otra esfera.
¿ENTONCES?
Lo que tenemos que hacer entonces es mejorar la política. Y mejorar la política significa cambiar muchas instituciones que ya son francamente arcaicas y que no corresponden al nivel de cultura democrática que el país tiene en este momento. Por tanto, es un problema de fondo. En tanto que el sistema política mexicano siga eludiendo un cambio institucional de fondo, seguiremos teniendo problemas como los que ahora tenemos y se incrementarán. La tendencia no es que los problemas disminuyan, sino que aumenta su magnitud y aumenta su intensidad en tanto que la solución se difiera.