WASHINGTON. El gobierno de Estados Unidos acusó de fraude a la agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s por conceder altas evaluaciones a bonos peligrosos de hipotecas que contribuyeron a la crisis financiera.

 

El gobierno considera, en su primera demanda contra una agencia de calificación de riesgo, que infló las calificaciones que dio a esos productos financieros.

 

El Departamento de Justicia reclamará al menos cinco mil millones de dólares de la agencia de Nueva York por defraudar a inversionistas, al presentar como objetivas unas calificaciones “deliberadamente infladas” para los bonos hipotecarios conocidos como CDO (obligaciones de deuda colateralizada) con el fin de lucrar.

 

El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, explicó que el fraude se produjo entre marzo y octubre de 2007, el periodo final de la burbuja inmobiliaria, cuando casi todas las CDO respaldadas por una hipoteca única y calificadas por S&P no sólo dieron un pobre rendimiento, sino que fracasaron.

 

“Esta supuesta conducta es indignante y está en el centro de la crisis financiera (de 2008)”, aseguró Holder en una conferencia de prensa.

 

La demanda civil, presentada el lunes en un tribunal federal de Los Ángeles (California), es la primera acción legal del gobierno federal contra una agencia de calificación de riesgo, consideradas por autoridades y analistas como un elemento clave en el estallido de la crisis.

 

Los fiscales generales de seis estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia, donde se encuentra la capital, acompañaron a Holder en el anuncio para señalar que presentarán demandas similares contra S&P.

 

“El deseo de S&P de asegurarse un buen margen de negocio, ganancias e ingresos la condujo a una acción equivocada de tomar bonos que sabía que eran de plomo y decirle al mundo, a través de sus calificaciones, que eran de oro”, indicó a los periodistas Tony West, fiscal general adjunto de Estados Unidos.

 

Según West, la agencia dio calificaciones de triple A a casi todas las CDO que valoró en este periodo, y lo hicieron pese a su propia información interna, que mostraba que las calificaciones en los bonos hipotecarios de los que dependía la calidad financiera de estos productos no se mantendrían.

 

“Al hacerlo, creemos que S&P representó un papel significativo para ayudar a llevar a nuestra economía al borde del colapso”, añadió.

 

En un comunicado, S&P respondió que la demanda no tiene fundamento y aseguró que se defenderá vigorosamente en los tribunales.

 

“Las acusaciones de que mantuvimos deliberadamente las calificaciones altas cuando sabíamos que debían ser más bajas son simplemente falsas”, indicó.

 

Floyd Abrams, un abogado de la agencia, consideró en declaraciones a la cadena CNBC que al gobierno le resultará difícil probar que S&P manipuló sus calificaciones intencionalmente, al alegar que los empleados de la agencia, igual que muchos funcionarios estadunidenses, no veían venir la crisis en 2007.

 

“No hubo ningún fraude, porque las calificaciones que se otorgaron fueron las que creían adecuadas quienes las otorgaron. Y eso es lo que el gobierno tiene que refutar”, indicó Abrams.

 

El Departamento de Justicia ha evitado comentar sobre posibles acciones futuras que pueda tomar contra Fitch Ratings o Moody’s, que realizaron trabajos similares a los de S&P antes de la crisis.

 

Los complejos bonos hipotecarios fueron diseñados por diversos bancos de inversión que contrataron posteriormente a estas agencias de calificación para que emitiesen valoraciones sobre la calidad y solvencia de esos paquetes financieros.

 

En una denuncia civil presentada el lunes en la noche, el gobierno dijo que S&P engañó a los inversionistas al afirmar que las calificaciones que hacía eran objetivas y ajenas a la influencia de cualquier conflicto de intereses.

 

“Nuestras calificaciones reflejaron siempre nuestro mejor juicio… Desafortunadamente, S&P, como todos los demás, no predijo la velocidad y la severidad de la crisis que se cernía y cómo afectaría a la calidad del crédito”, señaló la entidad en su comunicado.

 

“Aunque lamentamos profundamente que estos CDO de 2007 no rindieron como se esperaba, la visión en retrospectiva no constituye una base para emprender una acción legal contra las opiniones de buena fe de profesionales”, recalcó Standard & Poor’s.

 

También agrega que el Departamento de Justicia ha elegido a su conveniencia correos electrónicos internos y ha sacado fuera de contexto algunos comentarios incluidos en ellos.

 

“Cuando se conozcan en los tribunales todos los hechos, quedará claro que los correos electrónicos y las anécdotas que se mencionan no prueban ningún delito”.